Un nuevo episodio de inseguridad ciudadana sacudió el distrito limeño de Comas la tarde de ayer, cuando un artefacto explosivo detonó en el frontis de una oficina de préstamos, causando pánico entre los residentes.
El incidente ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde. Testigos del hecho aseguran que el estruendo fue ensordecedor, sembrando el miedo en varios vecinos de la zona. Incluso una señora mayor se desmayó.
La oficina afectada, alquilada por el prestamista desde hace más de diez años, sufrió serios daños materiales. Las ventanas delanteras quedaron completamente destruidas. Afortunadamente, no se reportaron heridos.
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Según versiones de los vecinos, el prestamista había expresado su intención de mudarse en las últimas semanas, lo que añade un matiz de incertidumbre a la situación. Aunque la identidad de los responsables aún es desconocida, se sospecha que podrían tratarse de extorsionadores que exigen pagos ilícitos, conocidos comúnmente como "cupos".
El lugar del suceso contaba con una cámara de seguridad, cuyo material grabado se espera sea crucial para las investigaciones. Las autoridades ya han comenzado a revisar las imágenes para intentar identificar a los responsables de este acto delictivo.
Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó rápidamente para cercar la zona y dar inicio a las investigaciones correspondientes. La explosión y sus repercusiones han generado una profunda preocupación entre los vecinos, quienes han alzado su voz para exigir una mayor presencia policial y medidas efectivas para combatir la delincuencia creciente en el distrito.
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Las autoridades continúan trabajando en el caso, mientras la comunidad espera respuestas y, sobre todo, acciones que prevengan futuros actos de violencia.
Lima ha regresado a su antiguo estado: el centro de la violencia, con múltiples asesinatos, amenazas a las autoridades, atentados a negocios, cobro de cupos y extorsiones, mientras la Policía no logra detener esta nueva arremetida del crimen organizado.
A pesar de las 30 medidas implementadas por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana —elaboradas en el contexto de la solicitud de facultades legislativas al Congreso—, nada parece dar resultado.