La reforma de AMLO no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local y omite a las fiscalías locales o las defensorías públicas.
¿Se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí.
¿La reforma de AMLO es la solución? No, pues es su venganza contra la SCJN por batearle sus caprichos anticonstitucionales y porque para los ciudadanos de a pie no será más sencillo acceder a la justicia.
1.- La reforma de AMLO no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local, y de plano omite a las fiscalías locales o las defensorías públicas, que son el primer contacto de las personas que buscan justicia.
2.- Su reforma se enfoca en los juzgadores federales, sacar a los que ya están, reducir el periodo de sus encargos, bajarles el sueldo e imponer la creación de un tribunal para “disciplinarlos”. ¿Se portan mal? ¿De acuerdo con quién?
Basta ver esto para darse cuenta de que esta reforma no es para robustecer a una institución, fortalecer a la justicia, mejorarla, hacerla más abierta y transparente o para crear nuevos mecanismos para defender derechos humanos.
Así pues, se echa la culpa a la Corte y a los jueces y magistrados de cosas que son responsabilidad de poderes judiciales locales.
Se acusa a jueces de cosas que son responsabilidad de las fiscalías de cada estado y, ojo, de los presidentes de los tribunales locales, aunque suelen ser designados por los propios integrantes del tribunal; se votan entre ellos.
O sea, sí hacen una elección, pero muchas veces es ‘namás’ para taparle el ojo el macho, pues son impuestos por los gobernadores.
Además, se ha alimentado la idea de que todos los jueces que liberan personas son corruptos y esto puede llegar a que se validen detenciones ilegales o se condene a gente que fue torturada. ¿Y las fiscalías, apá? Son las que no hacen bien su trabajo, léase no investigan y, por lo tanto, no integran bien las carpetas.
La oposición ha cuestionado su viabilidad y sus implicaciones para la independencia judicial, pero sin presentar una propuesta alternativa concreta, ni posicionarse claramente respecto a si consideran que el Poder Judicial requiere una reforma de fondo.
-La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
-La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal; este escenario implicará el cese de mil 665 ministros, magistrados y jueces.
Las voces más alarmadas entre los expertos ven en esta reforma la justificación de “una purga” que derivará en que la impartición de justicia esté bajo el control político del Estado, pues, en el caso de la SCJN, la iniciativa plantea renovar de golpe a todos los integrantes del máximo tribunal cada 12 años, en lugar del actual sistema escalonado; este modelo podría politizar a la Suprema Corte y comprometer a sus integrantes, así como llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la misma.
Por su parte, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente tiene funciones administrativas y disciplinarias, abre la puerta a una excesiva concentración de poder y a posibles abusos e injerencias indebidas en un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Con esto, se estaría desapareciendo de tajo un contrapeso fundamental dentro del propio Poder Judicial, como advierte el IMCO.
El presidente argumenta que estas medidas ayudarán a “limpiar la corrupción” y a resolver problemas estructurales dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Stanford Law School Impact Lab han advertido que la elección popular de jueces viola estándares internacionales y socava la democracia, al poner en riesgo la independencia judicial.
“La elección de jueces por voto popular es una mala idea, pues los convertiría en actores políticos en lugar de árbitros imparciales”, advirtió el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío.
¿Y la justicia local, apá?
Hoy en día, quienes hemos tenido la infortuna de utilizar el Poder Judicial sabemos que, cuando llegamos a los tribunales federales, el acceso a la justicia mejora drásticamente. Leído lo anterior, el problema para la ciudadanía de a pie está en los tribunales locales.
Repito, no podemos olvidar que en México los presidentes de los tribunales locales suelen ser impuestos por los gobernadores y AMLO de esto no dice ni pío en su reforma.
Tampoco aborda cómo replantear el papel que desempeñan las policías de investigación y los ministerios públicos en la integración de expedientes que terminan en un juzgado.
Ni la mejora de las competencias y la pericia de quienes impartirán justicia de los jueces.
En resumidas cuentas, esta reforma no mejorará la terrible experiencia de ir a levantar una denuncia y lidiar con las MP. Cuando usted vaya a denunciar que su hija no aparece, el ministerio público le seguirá diciendo “ay, señora, su hija seguro se fue con el novio. Regresa en tres días”. Cuando usted vaya a levantar una denuncia porque lo asaltaron, no tendrá empatía del ministerio público, tampoco cuando vaya por violencia familiar, pues tampoco toca el tema de cómo apoyar, investigar y juzgar con perspectiva de género.
Tampoco será más fácil el encontrar el cuerpo de una mujer víctima de un feminicidio, pues de los médicos legistas tampoco habla nada la reforma de AMLO. Una familia puede tardar años en encontrar el cuerpo de su familiar porque el médico legista dijo que la víctima tenía veintitantos años y en realidad era menor de edad.
Lo dicho, está reforma sólo es la venganza de AMLO ante la SCJN, pero nos quiere dar atole con el dedo.
Finalmente, hay que preguntarse cómo se va a financiar la elección de tantos juzgadores si no se destinará dinero público para las campañas. ¿Cómo evitarán que los grupos criminales, el poder económico y los partidos capturen esos puestos?
