El que fuera procurador especial de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, le respondió a Jorge Alejandro Rodríguez, el que en una nota publicada en El Nacional, hizo señalamientos sobre el caso Citgo, «informaciones que no son veraces y que afectan mi honra y reputación», dijo. Esta réplica, que solicito sea publicada en ese diario, en […]
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El que fuera procurador especial de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, le respondió a Jorge Alejandro Rodríguez, el que en una nota publicada en El Nacional, hizo señalamientos sobre el caso Citgo, «informaciones que no son veraces y que afectan mi honra y reputación», dijo.
Esta réplica, que solicito sea publicada en ese diario, en similares condiciones a como fue difundido el señalado reportaje, se basa en los siguientes hechos:
- Durante mi gestión como procurador especial (febrero 2019-junio 2020), no se manipuló la “estructura corporativa de Pdvsa y Citgo”. En realidad, la estructura corporativa de Citgo depende de sus estatutos mercantiles, cuya modificación no fue, ni es, competencia de la procuraduría. Por otro lado, la estructura de la junta administradora ad-hoc fue definida por el Estatuto de Transición aprobado por la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, el cual restableció la autonomía de la dirección de PDVSA, como ha sido destacado por juristas venezolanos.
- Es falso que yo haya ocultado mis actividades como abogado en libre ejercicio de la profesión, actividad que mantuve hasta el 2018. En concreto, nunca oculté rol como experto independiente en el juicio ante la Corte de Distrito de Delaware, en Los reportes presentados en el 2017 son públicos, e incluso, han sido ampliamente difundidos, por lo que mal pude haber ocultado esos reportes. Finalmente, el 13 de marzo de 2019 me inhibí en mi condición de procurador especial en el juicio ante la Corte de Delaware, evitando por ello cualquier conflicto de interés.
- Es importante destacar que fue bajo la gestión del Gobierno Interino cuando la República de Venezuela, por primera vez, compareció como ente soberano ante la Corte de Delaware y la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, para hacer valer sus prerrogativas como ente soberano. Asimismo, la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional desconoció transacciones firmadas bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, todo ello, para proteger las acciones de PDV Holding.
- Desde mi renuncia en junio de 2020, no tengo ningún rol o responsabilidad en la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, ni he participado en ninguna de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Venezuela reconocido en los Estados Unidos en relación con las reclamaciones pendientes ante la Corte de Delaware.
- Es falso que yo haya participado, junto con Horacio Medina, en el “nombramiento de la junta directiva de Citgo y Pdvsa ad hoc”. Primero, cuando Horacio Medina fue designado presidente de la junta ad-hoc, en diciembre de 2020, ya yo había renunciado al cargo. Segundo, quien designa a la junta directiva de Citgo son sus accionistas, que dependen de PDV Holding, Inc. Finalmente, los miembros de la junta administradora ad-hoc son designados por el presidente de la Asamblea actuando como presidente encargado, sometido al control del pleno de la Asamblea.
- Según declaraciones del ciudadano Jorge A. Rodríguez, reflejadas en esa nota, “hay indicios de que se manipuló información y se retrasó la presentación de documentos críticos que podrían haber defendido mejor los intereses de Venezuela en los tribunales de Estados Unidos”. Al no señalar cuáles son esos supuestos indicios, la información no es Pero en cualquier caso, como ya expliqué, fue solo luego del 2019 cuando Venezuela compareció en el juicio de la Corte de Delaware, lo que fue determinante para obtener la sentencia favorable dictada por la Corte el 12 de diciembre de 2019, la cual reconoció que existían diversos aspectos por considerar introducidos por la República, incluyendo el impacto de las sanciones, y su efecto protector sobre Citgo. En realidad, fue durante la gestión del optó por ni defenderse como ente soberano.
- Debo advertir que estos falsos señalamientos del ciudadano Rodríguez son los mismos que ha repetido desde el 2019. He dado varias entrevistas, e incluso, escrito libros, para desmentir esos señalamientos, con pruebas y evidencias que se desprenden de los expedientes en las cortes de Estados En 2020 intentó, sin éxito, introducir estos señalamientos en la Corte de Delaware. Ahora, reedita la misma estrategia, pero en una demanda presentada en la Corte de Delaware en supuesta representación de los extrabajadores de Pdvsa (quienes son víctimas de persecución política). Una demanda que, por defectos procesales, no ha logrado avanzar, y por razones jurídicas, muy probablemente será desestimada.
¿Hay una audiencia fijada para subastar Citgo?
«Finalmente, es necesario aclarar que es falso que exista una audiencia fijada para el 15 de julio de 2024 en la cual se va a subastar a Citgo, siendo por ello falsa la afirmación según la cual esa fecha fue definida para perjudicar las elecciones presidenciales que, en abierta violación de condiciones de integridad electoral, están pautadas para el 18 de julio», señaló.
«El 27 de julio de 2023 la Corte de Delaware, al definir el procedimiento de subasta de las acciones de PDV Holding, fijó como fecha tentativa de la audiencia de subasta el 15 de julio de 2024. Esto es, que la fecha del 15 de julio fue fijada mucho antes de que se convocaran las elecciones presidenciales para el 18 de julio, todo lo cual demuestra lo falso de la denuncia de manipulación, y que determina el titular -falso, por ello- de la nota en cuestión», indicó.
«De otro lado, al 21 de junio de 2024, no se ha fijado la audiencia de subasta. Tan solo hay una fecha tentativa, que podrá o no ser ratificada por la Corte de Delaware en los próximos días. Es falso, por ello, que el 15 de julio esté pautada alguna actuación ya en firme», explicó.
«Y por último, también es falso que Citgo se .va a embargar el día de la audiencia de subasta, sea el 15 de julio o en otra fecha. La revisión cuidadosa de las más de mil actuaciones procesales registradas ante la Corte de Delaware y el estudio comparado de casos similares permite concluir que todavía faltan meses hasta que exista una sentencia firme y ejecutoria. E incluso entonces, será necesario que la OFAC autorice la venta», concluyó.
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