El PSOE y el PP han pactado renovar el CGPJ cinco años después. Elegirán diez vocales cada uno y se comprometen a promover la “participación directa” de los jueces en la elección futura. Pero también se ha acordado, aunque con matices, la reforma de la ley que fija límites a los jueces que entren en política cuando vuelvan a la carrera.
Según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes de ambos partidos, uno de los acuerdos principales a los que han llegado PP y PSOE se concreta en poner una barrera a casos como el de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a Delgado justo después de dejar de ser ministra de Justicia. PP y PSOE han pactado ahora una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial, -algunas de ellas ya fueron adelantadas por ECD-, que se centran en la incompatibilidad con la participación en política.
En concreto, se aprobará mediante Ley Orgánica que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos cinco años, tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la Justicia. Es decir, se llevarán a cabo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Además, el fiscal general del Estado, como miembro del Ministerio Fiscal, deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La solicitud formulada será resuelta por la Junta de Fiscales de Sala, que será presidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo.
En cambio, según las fuentes consultadas por ECD, nada se recoge por ahora en el pacto sobre la propuesta del PP para que los ministros abogados o con carrera en la judicatura que salgan del Gobierno no puedan volver a ejercer en la carrera judicial hasta que hayan pasado al menos dos años desde que abandonen el Ejecutivo, cuando ya sí podrían ser nombrados o volver a ejercer.
Solo deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en los asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado un cargo público.
Hay que recordar que el sucesor de Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, también dejó el Ministerio de Justicia la pasada legislatura y, tras su cese, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.
Un caso semejante es el de Laura Díez, que obtuvo plaza en el TC seis meses después de haber ocupado un alto cargo en Moncloa como directora de Asuntos Constitucionales.
Otro de los puntos en el que sí han coincido PP y PSOE es limitar la importancia del voto de calidad de los presidentes del Consejo del Poder Judicial, para que sea una mayoría de vocales la que tome la decisión de nombrar a un magistrado y no se decante, en caso de empate, por el ‘voto doble’ del presidente.
Esta condición se aplicará para el nombramiento “no solo de magistrados de Tribunal Supremo, sino también de Tribunal Superior de Justicia y de las Audiencias Provinciales”, de forma que la decisión se adopte por un mínimo de 13 votos a favor.
El último de los pactos alcanzados en teoría no cambia nada: que sea el consejo el que vote al presidente. Es una característica que ya está en vigor, aunque, en la práctica, los vocales designados ‘obedecen’ a los partidos que les han nombrado y suelen votar al candidato acordado por las formaciones políticas aunque la elección del presidente no sea competencia de los partidos.
De momento, PP y PSOE no han especificado cómo evitar que los magistrados sigan lo mandatado por los partidos que los han designado para el cargo.
