El Tesoro Quimbaya evidencia una nueva arista en el Gobierno de coalición. Las 122 reliquias de oro precolombinas llevan décadas en España fruto de un regalo del presidente colombiano Carlos Holguín –pese a ser patrimonio del Estado– a la Reina María Cristina en 1893, como agradecimiento por su ayuda en un conflicto fronterizo con Venezuela. El deseo de retornar aquel rico y ancestral ajuar funerario no ha cesado en los últimos años, pero en 2017 la Corte Constitucional del país latino decretó que había que exigirlo oficialmente.
Ya en septiembre del año pasado, el Ejecutivo de Caracas insistía en que trabajaba en la recuperación del tesoro, preferentemente por medio del diálogo pero sin descartar la vía legal. Finalmente, el pasado 9 de mayo reclamó las piezas por medio de una carta formal firmada conjuntamente por los titulares de sus carteras de Exteriores y Cultura.
Este último paso no es ajeno al actual contexto de descolonización en la agenda política de los museos a nivel internacional. Y, especialmente, al anuncio, el pasado 22 de enero, de la propia descolonización en los espacios expositivos españoles anunciada por Ernest Urtasun, cuyo partido registró al comienzo de esta legislatura una iniciativa parlamentaria para dar los «primeros pasos» en la devolución del conjunto ubicado en el Museo de América.
El portavoz de Sumar dijo después que no había «dudas» sobre la «titularidad ni sobre la legalidad de su obtención», pero se ha puesto de perfil en una comparecencia en el Senado en respuesta a la pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por varios diputados del PP. Encabezados por su portavoz, Borja Sémper, querían conocer la posición gubernamental una vez hecha la reclamación formal por parte de Colombia. Y el Gobierno acaba de responder que «pueden obtener cumplida respuesta a través de la visualización de la intervención del ministro de Cultura» del pasado 28 de mayo.
Urtasun debía aclarar ese día «la estrategia para contrarrestar los intentos de reescribir la historia y desacreditar la titularidad española sobre el Tesoro de los Quimbaya», cuestión que formuló María José Ortega (PP). En su réplica, que ha sido validada por el Ejecutivo para satisfacer el interés de Sémper y el resto de diputados populares, el portavoz del partido de Yolanda Díaz elude una postura clara y se limita a decir que «las relaciones con el Gobierno de Colombia son excelentes». Pone como ejemplo que España será «país invitado en la feria del libro en Bogotá el año que viene», y entra a continuación en una disertación sobre Milei, Rajoy y los fondos europeos, el reconocimiento de Palestina y Netanyahu como crítica al PP y directamente a Feijóo.
La misma senadora del PP había interpelado sobre las palabras de Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, que afirmó en una entrevista en «France 24» que «habló, en su visita el año pasado, con el ministro Urtasun sobre la posibilidad de tener conversaciones sobre la devolución de las piezas». El Gobierno la remitió a la misma declaración del titular de Cultura en la Cámara Alta.
[[QUOTE:PULL|||«Es un descrédito para nuestra cultura y para nuestro país en su conjunto», lamenta Borja Sémper]]
Pero en la respuesta a Borja Sémper sí figura una diáfana contestación por escrito por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores: la cartera de Albares «mantiene su postura» respecto a un «conjunto donado a la Reina María Cristina» y que, «como tal, pertenece a los fondos del Museo de América y es un Bien de Interés Cultural español». Aunque añade que «la titularidad española de la colección no obsta a que se puedan desarrollar vías de cooperación técnica entre el Museo de América y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia».
La discrepancia entre la indefinición de Cultura y la posición de Exteriores no escapa a la crítica del vicesecretario de Cultura del PP. «El Gobierno tiene un problema con el Gobierno. No es un Gobierno unido ni tiene una sola voz, tampoco en Cultura», asegura Borja Sémper a LA RAZÓN. «Exteriores desautoriza el sectarismo de Urtasun, que solo importa debates de otras latitudes, pero es incapaz de controlar que el Gobierno tenga una postura unificada. Es un descrédito para nuestra cultura y para nuestro país en su conjunto. Es un mal Gobierno, también en lo cultural: no olvidemos que mientras Urtasun creaba la nueva Dirección General de Derechos Culturales, Moncloa, por su parte, creaba el pasado 8 de febrero un Departamento de Asuntos Culturales, con rango de Dirección General, dependiente de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con el único objetivo de restar autoridad al Ministerio de Sumar», concluye.
