El compromiso de reformar la ley para dar mayor protagonismo a los jueces en la renovación del Consejo, clave en la valoración del desbloqueo
El acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con cinco años y medio de retraso, ha generado una sensación de alivio y satisfacción en el mundo judicial, donde aun resuena la alerta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hace apenas unas horas urgiendo a un relevo «sin más demora» en el órgano de gobierno de los jueces. Por que el cambio de guardia en el Consejo no solo permitirá poner fin a una anomalía institucional sin precedentes, sino que desatascará también el procedimiento para cubrir casi un centenar de vacantes judiciales, casi un tercio en el alto tribunal, que mantenían en jaque a la cúpula judicial ante la imposibilidad del CGPJ en funciones de realizar nombramientos desde marzo de 2021 tras la reforma impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos para forzar al PP a sentarse a negociar los nombres del nuevo Consejo del Poder Judicial.
Conocida la identidad de los futuros vocales, pactados a partes iguales por PSOE y PP, las fuentes judiciales consultadas por LA RAZÓN ponderan el perfil profesional de los elegidos. «Hay gente muy sólida y de carácter moderado», apuntan, que se refieren a algunos de los candidatos pactados por los dos principales partidos como «de lo mejor que hay en la carrera».
No en balde, entre los futuros vocales hay tres magistrados del Tribunal Supremo: Ángel Arozamena y José Antonio Montero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y Ricardo Bodas, ya jubilado, que perteneció a la Sala de lo Social. Aunque este último –que fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– no está incluido en el turno judicial, sino que es propuesto en el de juristas de reconocido prestigio.
La relación de doce vocales de procedencia judicial incluye, al margen de Arozamena, a Esther Erice, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y esposa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés»; José María Fernández-Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona; el juez decano de Málaga, José María Páez; y José Carlos Orga, magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño. Todos ellos serán propuestos por el Congreso.
Por parte del Senado, los candidatos judiciales pactados por PSOE y PP son, además del magistrado del Supremo José Antonio Montero: José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; Esther Rojo, presidenta de la Audiencia de Valencia; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 1 del citado tribunal; y Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró.
En cuanto a los ocho juristas de reconocido prestigio –entre los que no hay candidatos del independentismo ni del PNV o Podemos–, los elegidos son José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; la expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal de carrera Inés María Herreros, la fiscal superior de Cantabria Pilar Jiménez; Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional (todos ellos en el cupo del Congreso); y, además de Ricardo Bodas, el expresidente del Consejo Consultivo de Asturias Bernardo Fernández; Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta letrada de las Cortes y autora del informe contra la Ley de Amnistía.
Fuentes del actual CGPJ valoran que el acuerdo deje en manos de los futuros vocales la elaboración del anteproyecto para reformar el modelo de renovación del Consejo, para dar así mayor protagonismo a los jueces en la elección de los doce vocales de procedencia judicial, una reforma que se pondrá en marcha a partir de julio. El resto, afirman, es «complejo» y aventuran que el futuro CGPJ será «de transición hacia otro modelo».
Para la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, se trata de «un buen acuerdo» ante una situación que, recalca, «no se sostenía ni un día más». La decana de los juzgados de Madrid considera «muy importante» el compromiso de reformar la ley para cambiar el sistema de elección. «Vamos a ver cómo se materializa», afirma con una cierta cautela.
Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, cree que las medidas pactadas «van por el camino correcto, al basarse no sólo en la renovación, sino en la búsqueda futura de una reforma basada en el consenso».
Más críticas se muestran las otras dos asociaciones. Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aunque se pone fin a «una anomalía democrática sin parangón», se ha hecho a costa de «un nuevo obsceno intercambio de cromos» entre PSOE y PP.
Foro Judicial Independiente, en esa misma línea, critica que la renovación se haya realizado conforme a «criterios políticos» lo que considera «un nuevo ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes».
