“Los beneficios del comercio no se han distribuido de manera uniforme, ni entre países con diversos recursos y capacidades ni entre sectores con diferentes patrones de producción”.
La semana pasada, El Comercio publicó una encuesta en la que el “85% de los peruanos se manifestaba a favor del libre comercio”. Y un 73% que consideraba la inversión extranjera como “la única forma de lograr el desarrollo económico”. Posiciones que van en la línea de los “grandes consensos globales” de las últimas décadas, donde el comercio internacional se vincula con la reducción de la pobreza en varias regiones y países del mundo. Sin embargo, en los estudios de opinión, las respuestas suelen enfocarse en las preguntas y opciones planteadas por la encuestadora, con enfoques y sesgos diversos. Así, estos mismos peruanos encuestados podrían tener una valoración distinta si se les consultara, por ejemplo, qué sectores ven (más) favorecidos con la liberalización económica, y si ellos están entre los principales beneficiarios.
Por eso, un tema como el expuesto ameritaría una mirada serena y ponderada. Si bien el “boom exportador” registrado desde inicios de este siglo contribuyó al crecimiento económico 2002-2019 y la dinamización de mercados laborales regionales (incorporando a miles de trabajadores en la economía formal), también es cierto que este crecimiento impactó de manera desigual en los sectores involucrados. Es decir, hubo quienes se beneficiaron más que otros.
Lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un reciente informe sobre trabajo decente y comercio: “El comercio ha generado oportunidades de empleo para todos los niveles de cualificación tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo, ayudando a sacar a millones de personas de la pobreza”. Pero al mismo tiempo, “los beneficios del comercio no se han distribuido de manera uniforme, ni entre países con diversos recursos y capacidades ni entre sectores con diferentes patrones de producción”.1
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En el Perú, un efecto de la desigual distribución de los beneficios del crecimiento exportador (o de la inversión extranjera) han sido los conflictos sociales. Casos de resistencia de comunidades andinas a proyectos mineros sin licencia social (Conga, Las Bambas), o la protesta de los jornaleros agroindustriales por mejores condiciones laborales a fines del 2020, expresaron nítidamente los límites y contradicciones del modelo primario exportador. Fracturas que se dan, paradójicamente, en los dos sectores que crecieron más con la liberalización económica y la firma de tratados de libre comercio con las principales economías del mundo (EEUU, China y Unión Europea).
Veamos en este artículo lo que sucede en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que impediría una mayor participación de los trabajadores en los beneficios del comercio internacional? En el caso peruano, estaríamos ante un conjunto de arreglos institucionales, que vienen de los años noventa, y que forman parte del “consenso ortodoxo” neoliberal que se mantuvo a pesar de las promesas de “cambio” o “transformación” de los gobiernos posdictadura.
El ejemplo más publicitado de este tipo de arreglos fue la famosa ley Chlimper (Ley 27360). Este régimen “promocional” de la agroindustria redujo derechos laborales respecto del régimen general (vacaciones, gratificaciones y indemnizaciones), fijó una menor aportación a la seguridad social (4% en lugar de 9%) y recortó a la mitad el impuesto a la renta (de 29,5% a 15%). A pesar de su carácter temporal y “promotor”, se mantuvo vigente por dos décadas. Es más: fue usado complementariamente con el régimen laboral para las exportaciones no tradicionales (que permitía la contratación a plazo fijo de manera indefinida), así como con las múltiples modalidades de contratación temporal que posibilita el régimen general (DL 728).
El resultado no podía ser otro: el crecimiento acelerado de un proletariado agroindustrial sin estabilidad laboral, con derechos reducidos e ingresos equivalentes al mínimo legal. Empleo formal pero precario. Pero, sobre todo, con amplias dificultades para sindicalizarse y negociar colectivamente (apenas el 2% está sindicalizado en el sector). Este sería uno de los arreglos institucionales que funcionarían como dique para un empoderamiento de los trabajadores, impedidos de ejercer su libertad sindical por miedo a los despidos legalizados por la normativa vigente.
En la gran y mediana minería, más del 70% de los trabajadores es contratado por empresas subcontratistas o services. Se forman así segmentos de trabajadores que, cumpliendo labores similares para una misma empresa, acceden a remuneraciones y condiciones desiguales. Comenzando por su exclusión de la negociación con la empresa principal “por no ser parte de la planilla” (adiós utilidades).
Y ojo. Quienes observan estas inconsistencias no son —solo— organizaciones de la sociedad civil peruana, como la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica) o CooperAcción, injustamente atacadas por contribuir al fortalecimiento de los sindicatos agroindustriales y comunidades afectadas por la minería, para que puedan exigir sus derechos al Estado y las empresas.
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Por el contrario, las alertas provienen de nuestros principales socios comerciales y sus misiones diplomáticas. A fines de mayo estuvieron en Lima dos funcionarios del Ministerio de Trabajo de Canadá monitoreando el impacto social y laboral del tratado comercial vigente desde 2010. Se reunieron con funcionarios públicos, empresas y sindicatos. Simultáneamente, la Delegación de la Unión Europea en Perú se entrevistó con representantes de sociedad civil, sindicatos y pueblos indígenas para hacer seguimiento a los alcances laborales y ambientales del acuerdo comercial con ese bloque económico. Un año atrás, en julio del 2023, un representante de OTLA nos visitó con similares objetivos. El común denominador, una preocupación compartida por los escasos avances en materia de derechos en el ámbito del comercio bilateral.
Recordemos que las centrales sindicales peruanas, con apoyo de ONG locales, europeas y norteamericanas, interpusieron sendas quejas contra el Gobierno peruano por no honrar sus compromisos laborales y ambientales contraídos en el TLC con Estados Unidos (2015) y la Unión Europea (2016). En ambos casos fueron admitidas y contestadas por las instituciones competentes, emitiendo recomendaciones al Estado peruano que cayeron, incomprensiblemente, en saco roto.
La persistencia del incumplimiento podría dar lugar a sanciones comerciales que terminarían resultando más costosas que un convenio colectivo pretencioso. Por eso, el empeño de algunos sectores por bloquear y controlar el trabajo articulado y solidario de la cooperación internacional, las ONG, movimientos sindicales, comunales e indígenas. Especialmente, el relacionado con la promoción de la participación ciudadana y la exigencia al Estado y las empresas para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y ambientales.
1 OIT. Integración del comercio y el trabajo decente: ¿Ha generado el comercio mejores empleos? Conclusiones basadas en los Indicadores de Trabajo Decente. Vol. 1. Ginebra, 2023
