La documentación presentada ante la Corte Penal Internacional detalla cómo se efectuaron las matanzas de 49 civiles durante las protestas, resaltando que los heridos no recibieron atención médica oportuna.
Este martes 25 de junio, la conductora del programa Sin Guion, Rosa María Palacios, se refirió a la denuncia presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y por la Asociación Pro Derechos Humanos, la cual da cuenta de la información recogida respecto a las muertes registradas durante las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 e inicios de 2023.
Asimismo, se conoció a través de las redes sociales que las mencionadas organizaciones mantuvieron una reunión con las autoridades de la Corte Penal Internacional para presentar documentación detallada sobre los hechos registrados en las distintas regiones del país, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera detenido por intentar realizar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
En ese sentido, la periodista indicó que la información presentada ante el organismo internacional está argumentada sobre cómo se efectuaron las matanzas de 49 civiles durante las movilizaciones sociales y que los heridos no recibieron la atención médica oportuna al momento de llegar a los centros de salud cercanos a los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos del orden.
Además, manifestó que el Gobierno de la presidenta Boluarte no ha reconocido su responsabilidad ante los hechos acontecidos e incluso, en su momento, trató de vincularlos con grupos terroristas. Remarcó que las muertes registradas en las protestas han sido reconocidas como crímenes de lesa humanidad perpetrados por efectivos de la Policía Nacional y el Ejército peruano.
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"La sustentación es muy sólida, donde se exhiben los expedientes de los 49 fallecidos y se confirma por los testimonios de los heridos que se les negó atención médica en algunos momentos y lugares. La Federación Internacional por los Derechos Humanos no tiene dudas de que la política fue generalizada y sistemática, por lo tanto, se trata de crímenes de lesa humanidad perpetuados por el Estado peruano, el cual no ha reconocido responsabilidad alguna en las muertes y lesiones", argumentó.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodech) presentaron una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional bajo la documentación del artículo 15 del Estatuto de Roma respecto a las 49 muertes registradas en las movilizaciones sociales en diciembre de 2022 e inicios de 2023.
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Según las organizaciones mencionadas, durante los primeros meses del Gobierno de Boluarte Zegarra, indican que existió un ataque sistemático a los manifestantes que participaron en las protestas en distintas regiones del país.
Aseguran que las autoridades del orden realizaron un uso excesivo de la fuerza, desproporcionado e indiscriminado, principalmente contra "hombres jóvenes e indígenas". Además, estos actos "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".
Gloria Cano, directora de Aprodech, indicó que se ha realizado un informe detallado en el cual se han examinado las causas de los decesos de cada una de las víctimas que fueron asesinadas mientras ejercían su derecho a la protesta.
