Cinco años y medio después, ha tenido que ser una Comisión Europea en funciones la que haya forzado definitivamente al Partido Socialista y al Partido Popular a cerrar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y resolver una crisis que se había convertido en una verdadera anomalía en nuestra democracia. Para este viaje no habrían hecho falta tantas alforjas, ni el desgaste institucional vivido, ni el desprestigio judicial, ni el abandono de nuestros Tribunales, ni tanta amenaza de ‘lawfare’, ni tanto daño reputacional a la justicia española. Y menos aún habría ...
