El juez Recarey emitió esta orden en respuesta a una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucu Tucu. Según el documento judicial, existen indicios de que el proyecto podría estar encaminado hacia una privatización parcial del suministro público de agua potable, lo cual contravendría las normas de la Política Nacional de Aguas.
Además, el magistrado destacó que no se ha debatido públicamente y con la transparencia necesaria sobre los posibles sobrecostos en las tarifas del agua que esta obra podría implicar.
El fallo judicial estipula que la orden de no firmar el contrato permanecerá vigente hasta que haya una resolución judicial expresa en sentido contrario. Las organizaciones que presentaron la demanda tienen ahora un plazo de 30 días para formalizar una demanda sobre el fondo del asunto, que es la construcción de la planta potabilizadora.
Esta situación ha llevado a la apelación por parte de varias entidades gubernamentales, incluyendo OSE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
En respuesta a la decisión judicial, el gobierno uruguayo ha anunciado que apelará el fallo. Un comunicado de OSE indica que el Poder Ejecutivo espera que el proceso judicial concluya para determinar los pasos a seguir.
El proyecto Arazatí, cuyo objetivo es abastecer de agua al área metropolitana, incluye la construcción de una planta potabilizadora y una tubería de 72 kilómetros que atravesará los humedales de Santa Lucía. El sitio de la construcción fue seleccionado por su proximidad a la conexión final con OSE y por el menor nivel de salinidad del agua.
El proyecto Neptuno ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente por parte del Frente Amplio y diversas organizaciones sociales. Edgardo Ortuño, representante del Frente Amplio en el Directorio de OSE, ha denunciado que este proyecto desfinanciaría a la empresa pública encargada del suministro de agua, comprometiendo su capacidad para realizar obras necesarias en el resto del país.
Ortuño argumenta que la privatización del suministro de agua potable podría resultar en incrementos significativos en los costos de producción y, por ende, en las tarifas para los consumidores.
Según los detractores del proyecto, Neptuno podría derivar en un costo total de US$950 millones en 20 años, obligando a OSE a pagar US$52.7 millones anualmente. Este modelo de negocio propuesto por el gobierno implica que la empresa privada construiría, financiaría y mantendría la planta, mientras que OSE tendría la responsabilidad de pagar por su uso.
Ortuño sugiere que una gestión pública de la planta reduciría los costos operativos en aproximadamente US$25 millones anuales, lo que supondría un ahorro de US$480 millones al final del periodo contractual.
A pesar de las críticas, el presidente Luis Lacalle Pou y su administración continúan defendiendo el proyecto Neptuno, argumentando que es una solución necesaria en medio de la crisis hídrica que afecta a Montevideo y Canelones.
El gobierno insiste en que la planta de Arazatí es crucial para garantizar un suministro de agua potable de calidad en el área metropolitana.
Sin embargo, la suspensión del contrato por parte del juez Recarey y la consiguiente apelación del gobierno añaden incertidumbre al futuro del proyecto. Si el Tribunal de Apelaciones ratifica la decisión del juez, se abrirá un juicio sobre el fondo del asunto que podría prolongarse por años, dejando en suspenso la ejecución de esta importante obra.
