Las pymes avisan que se encarecerán los costes laborales y habrá problemas para encontrar trabajadores para compensar el recorte de horas
40.000 millones de euros. Ese es el coste que tendrán que afrontar las empresas por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, entre costes directos e indirectos. "El Impuesto de Sociedades anualmente recaba unos 35.000 millones. Entonces, esto significaría duplicar nuestros costes y pagar más que por el Impuesto de Sociedades de un año para el otro", ha apuntado el responsable de Estudios de Cepyme, Diego Barceló, durante las jornadas 'La productividad de la pyme', organizadas por Cepyme. Es decir, la pymes afrontarán una factura conjunta de 75.000 millones una vez esté implementada del todo esta medida.
Desde la patronal de la pymes recuerdan que más del 98% del tejido productivo español los forman pequeñas y medianas empresas -de las que la mayoría son microempresas de menos de cinco trabajadores-, por lo que "una medida que afecta a la mayoría de empresarios españoles debería negociarse con los empresarios", máxime cuando casi nueve millones de trabajadores integran las plantillas de estas pymes, a los que hay que sumar más de 3,3 millones de trabajadores autónomos.
Por ello, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, ha avisado de las consecuencias de reducir la jornada laboral sin contar con el diálogo social, porque "va a impactar de manera distinta entre los distintos sectores", por lo que es "muy importante" alcanzar un acuerdo a través de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos. También ha advertido del impacto que va a tener mermar las horas de trabajo manteniendo los salarios, ya que "encarecerá los costes laborales y generará problemas para encontrar trabajadores para compensar el recorte de horas".
En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Francia, que pasó a 35 horas a finales de los años 90, y "tuvo una consecuencia inesperada en ese momento: que en los hospitales, por ejemplo, faltaba personal cualificado para sustituir a aquellas personas que trabajaban menos horas". Por ello, en base a experiencias internacionales, Torres ha abogado por una reducción de jornada laboral "de manera gradual; con flexibilidad horaria, ya sea a través de horas extra o de modulación de la jornada a través del año; por el teletrabajo como un elemento de "flexibilidad" para compensar y optimizar la reducción de la jornada laboral en términos de productividad; y contando siempre con la negociación colectiva y los agentes sociales".
El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, también ha puesto en valor el diálogo social y ha recordado que "la evolución positiva de la economía española durante los últimos años ha sido resultado del diálogo social, que ha generado seguridad tanto en los actores económicos como en la sociedad", por lo que ha reclamado que cualquier acuerdo al que se llegue se haga desde el "consenso". Asimismo, ha avisado de que España está acumulando un capital importante que no se está viendo reflejado en la productividad, que "sigue siendo baja", por lo que ha abogado por la formación dual como "palanca" para que las empresas incrementen su productividad, especialmente, las pymes.
Por otra parte, y al margen de estas jornadas, las organizaciones agrarias Asaja y COAG también han criticado con dureza la negociación de la reducción de la jornada laboral planteada por el Ministerio de Trabajo, por considerar que se hace "de espaldas al campo" y sin tener en cuenta la realidad y las dificultades de este sector. El secretario de organización Asaja -integrada en la CEOE-, Juan José Álvarez, ha afeado al Gobierno que no haya reparado en ningún momento en las especificidades del campo. Por eso, Asaja ha reclamado un "trato especial" y un "período transitorio" lo más amplio posible para la entrada en vigor de la reducción de la jornada en la agricultura.
A juicio de Álvarez, la reforma que se negocia supondrá un incremento grande de los costes laborales y de la Seguridad Social para los empresarios agrícolas, que se une a lo que "ya viene soportando". A este respecto, ha señalado que los incrementos de salario mínimo de los últimos cinco años, del 54 %, hacen "inasumible" otro aumento de costes laborales, y ha expresado su temor por el incremento de la dificultad de gestionar y encontrar mano de obra.
Por su parte, el responsable de Relaciones Laborales de COAG, Andrés Góngora, ha reiterado que la negociación de la reducción de jornada "no tiene en cuenta la situación específica del sector agrario del país". En este sentido, Góngora ha rechazado que no se esté contando con las organizaciones agrarias para dicha decisión y ha recordado que el campo se mueve por campañas agrícolas, que se concentran en poco tiempo y afectadas por el clima, y que ese cambio "incrementará las cargas laborales. Pedimos hace tiempo que se relajen las cargas sociales vinculadas al trabajo en el campo".
