El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, considera que «no es procedente» plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que aclare una posible colisión de la aplicación del derecho de la Unión Europea con la ley de amnistía . El representante del Ministerio Público se pronuncia así sobre la petición de la consejera del órgano fiscalizador que ha llevado la causa para recuperar los fondos públicos invertidos en la promoción del 'procés' en el exterior y la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, quien inició el procedimiento para dirigirse a la Justicia europea. La responsabilidad contable del proceso soberanista también decae con la aprobación de la ley de amnistía. De ahí que la consejera responsable del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, iniciara el procedimiento para consultar al TJUE y dio 10 días a las partes -la Fiscalía, los demandantes de Sociedad Civil Catalana (SCC) y los demandados- para que se pronunciaran. El fiscal, según el escrito que ha presentado este martes, considera que «el TJUE solo puede pronunciarse sobre la cuestión prejudicial cuando el derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso». Martín-Granizo considera que no es procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial «teniendo en cuenta el contenido de las cuestiones planteadas en la referida providencia y que no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del propio TJUE». Noticia en ampliación
