Interpone un recurso de inconstitucionalidad por entender que la norma "limita y vulnera" los derechos que están reconocidos en la legislación estatal
El Gobierno central abre un nuevo frente contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la legislación en materia de derechos de las personas trans y LGTBI, en vísperas de la celebración del Día del Orgullo. El Consejo de Ministros de este martes ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023. Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son dos las leyes autonómicas objeto de impugnación. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda, más genéricamente, a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.
"Los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español", ha asegurado. En este sentido, Redondo ha trasladado que la normativa de la Comunidad de Madrid es "regresiva" y que "limitan y vulneran" los derechos que están reconocidos en la legislación estatal. La titular de Igualdad también ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias estatales.
De este modo, el Gobierno impugnará, en concreto, la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
Redondo ha explicado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. En esta línea, ha afirmado que "no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid". Por ello, el Ejecutivo interpondrá el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, un recurso que Redondo ha recordado que también ha interpuesto el Defensor del Pueblo alegando "motivos similares".
La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.
