Este martes 25 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) sostuvieron una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en la cual presentaron ante dichas autoridades documentación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma sobre las muertes registradas en las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Esta documentación data de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Según las mencionadas organizaciones, durante el tiempo señalado detallan el ataque sistemático al que se sometieron las personas que salieron a protestar contra el actual régimen. Aseguran que las fuerzas del orden realizaron un uso excesivo de la fuerza, desproporcionada e indiscriminada, principalmente contra "hombres jóvenes e indígenas".
Para la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, conforme a lo establecido por el Estatuto de Roma. Por ello, han solicitado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el inicio de una indagación sobre lo sucedido en el país.
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En esa línea, la directora de APRODEH, Gloria Cano, señaló que se ha realizado un informe detallado sobre las 49 muertes registradas en las movilizaciones. En el escrito se examinaron las causas de los decesos de cada una de las personas y los patrones de las lesiones, tales como impactos de balas encontradas en los torsos y rostros. Asimismo, señalan que las víctimas fueron asesinadas mientras ejercían su derecho a la protesta.
"También se especifican los ejercicios de justiciabilidad, que, hasta la fecha, se han llevado a cabo a través de la fiscalía para esclarecer las bases de los delitos cometidos por la policía y miembros del ejército”, se lee en la publicación de la Federación Internacional por los Derechos Humanos", se lee.
La Directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, manifestó que el Gobierno de Dina Boluarte acusó sin pruebas y fundamentos a las personas que salieron a protestar en su contra, calificándolas como 'terroristas'
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"Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”, se señala.
Además, se indica que con la información recogida hasta el momento, se revelaría la existencia de disposiciones y recursos realizados por las autoridades del Ejecutivo de Boluarte Zegara para que "la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo".
El Gobierno de Dina Boluarte, tras los hechos conocidos, intentó negar públicamente sus responsabilidades frente a los mismos, culpando a los propios manifestantes de haber provocado las muertes en las diferentes regiones del país.
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En ese sentido, el escrito realiza un análisis sobre el contexto de la crisis democrática que se ha presentado en el Perú desde el 2021. A través del informe denominado "Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos", se ha indicado que existe un quiebre institucional y destrucción del Estado de derecho.
Asimismo, se denuncia que el actual Gobierno y diversas bancadas del Congreso han realizado 'un oscuro pacto', el cual tendría como objetivo usurpar e instrumentalizar los distintos organismos públicos, tales como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.
Además, cuestionan la liberación del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad, y la aprobación en primera votación del proyecto de ley que propone la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
"La desintegración política y social que ha provocado este proyecto conservador y autocrático ha terminado por dinamitar la ya escasa confianza de la ciudadanía hacia sus representantes", se manifiesta.
