El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes un Real Decreto que aumenta un 30% el valor de la denominada tasa Enresa, con la que se financia la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales atómicas.
La tasa en cuestión, definida como “tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario”, es la que financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). El gravamen a las centrales nucleares queda fijado en 10,36 €/MWh. Entrará en vigor el 1 de julio, tras la publicación del Real Decreto en el BOE. Llega después de que el Ejecutivo propusiera inicialmente una subida del 40%, que luego retiró.
Con este aumento del 30%, rechazado por las eléctricas, las compañías pagarán unos 585 millones de euros cada año, frente a los 450 millones que abonaban hasta ahora por esa tasa. La subida, explica el ministerio, se aplica en aplicación del principio “quien contamina paga”.
“La actualización de la prestación permitirá cubrir los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, una vez que se produzca su cese definitivo de actividad”, subraya Transición Ecológica. También atenderá la gestión de sus residuos y del combustible nuclear gastado, incluyendo su depósito definitivo en un Almacén Geológico Profundo (AGP), tal y como contempla el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), una vez descartada la opción del almacén temporal centralizado (ATC). Foro Nuclear anunció en febrero sendos recursos contra ese plan y contra la decisión de abandonar el ATC.
El ministerio recuerda que “en todos los países con energía nuclear, la planificación de la gestión de los residuos radiactivos contempla larguísimos plazos”. Según el nuevo plan de residuos, las actividades para desmantelar las centrales y almacenar de forma segura y definitiva el combustible gastado y los residuos radiactivos que han producido durante su explotación y desmantelamiento, deberán desarrollarse hasta el año 2100.
Transición Ecológica también recalca que existe “un importante desfase temporal entre el momento en el que las centrales abonan la prestación –mientras se encuentran en explotación– y el periodo, mucho más extenso, en el que se produce el gasto, de modo que la prestación debe tener el valor necesario para evitar déficits posteriormente”.
“El objetivo de la actualización aprobada hoy es que se equilibren los ingresos y los costes soportados por esta prestación”.
En España, el Estado realiza los desmantelamientos y la gestión de los residuos radiactivos como un servicio público esencial a través de la empresa pública Enresa, que es también la encargada de la gestión del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, al que se destina la prestación.
En otros países, recuerda el ministerio, los titulares de las centrales nucleares deben dotar las correspondientes provisiones para hacerse cargo de todos los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos, que son costes operativos ordinarios de las centrales.
