En su lucha contra la inmigración ilegal , Vox ha puesto el foco esta semana en los empadronamientos irregulares . Denuncia que son la vía para, primero, acceder a toda una serie de ayudas públicas y, en último término, para lograr la regularización. La formación liderada por Santiago Abascal quiere demostrar que se puede pasar del dicho al hecho y, por ello, este martes han comparecido en la sede nacional de Madrid cuatro de sus concejales en localidades de diferentes puntos de España que están poniendo en marcha medidas contra los empadronamientos irregulares. En todos los casos aseguran que de la mano del Partido Popular, con el que gobiernan en coalición, pero a la vez denunciando la «inactividad» de los populares antes de que ellos llegaran a los gobiernos. «Sí hay un consenso y una clara negligencia anterior», ha asegurado Fulgencio Coll, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma. Junto a él, representantes públicos en los municipios de Cartagena (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo) y Níjar (Almería) -Gonzalo López, David Moreno y Pilar Fenoy-, que han denunciado situaciones de más de cien personas empadronadas en una misma vivienda, pagos de hasta 5.000 euros por registros ilegales o más de 200 casos anuales de empadronamientos ilegales. El objetivo de Vox es poner coto a la inmigración ilegal, que creen favorecida por las instituciones públicas con el acceso a ayudas a sociales o promesas de regularización. Y la consecuencia, denuncian los de Abascal, es un aumento de la inseguridad o precariedad en el acceso a los servicios públicos. «Vox, en misión de ser útil y ante la pasividad de los demás, presenta una batería de medidas contundentes en municipios donde gobierna para combatir empadronamientos irregulares que favorecen la lacra de la inmigración irregular, la inseguridad, la precariedad y el abuso de servicios públicos», ha detallado su portavoz, José Antonio Fúster. «Queremos una nación fuerte con municipios fuertes con capacidad de elegir quiénes pueden venir a vivir con nosotros y entre nosotros», ha insistido Fúster, quien ha avisado de que Vox usará todo los mecanismos legales a su alcance para combatir «el efecto llamada que promueven los grandes partidos». De la mano de esta iniciativa, Vox ha puesto el foco en «la oleada» de ataques que han sucedido en España durante los últimos días y ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Para que dé cuenta de la oleada de crímenes acaecidos la noche del 23 al 24 de junio», detalla la petición señalando la fecha de la celebración de la noche de San Juan. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha denunciado la «política de puertas abiertas» del Gobierno, al que ha señalado como «incapaz» de garantizar la seguridad. Y ha exigido una vez más «deportaciones masivas» de inmigrantes irregulares.
