Los nombres en el reparto de puestos en la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están más que hablados entre el Gobierno y el PP. Son listas sobre las que ya hubo acuerdo en el pasado y que están trilladas por las dos partes.
El problema, sobre todo para el PP, es cómo queda redactado en el acuerdo, que Moncloa da por inminente, la parte que afecta a esa exigencia de despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Bruselas exige cambios y el PP ha hecho suya esta bandera entre las últimas razones con las que ha explicado que en el último momento no haya sido posible cerrar el pacto.
Quienes están desde fuera con la "espada" en alto, a la expectativa de que el PP firme un acuerdo sin garantías al respecto, ya advierten de que dejarlo en manos de una comisión o un grupo de trabajo, o cualquier otra decisión que no se traduzca en reformas inmediatas, sería una victoria de Pedro Sánchez porque ya ha demostrado su flexibilidad a la hora de ejecutar los compromisos adquiridos- También está hablándose de fórmulas como la de dejar en manos del nuevo CGPJ la reforma de la ley orgánica que lo regula, y que ese acuerdo esté condicionado a una mayoría reforzada para que se cuente con progresistas y conservadores.
Al Gobierno le urge recolocar estas piezas en el Poder Judicial no sólo por la presión del próximo informe de la UE sobre la situación del Estado de Derecho, que se espera que se conozca en breve, sino también porque en el Tribunal Supremo pueden acabar causas que afectan muy directamente al presidente del Gobierno, como el caso de Begoña Gómez o una posible imputación del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, por presunta desvelación de secretos para perjudicar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la investigación judicial que tiene abierta por irregularidades fiscales.
El nuevo Consejo tiene pendientes un centenar de nombramientos, y alrededor de una treintena de ellos son del Supremo. Fuentes jurídicas explicaban esta situación de bloqueo en el interés de las dos partes por controlar esa capacidad de nombramientos del Consejo ya que todas las renovaciones pendientes harán que la mayoría que impere en el mismo sea la que controle el Alto Tribunal durante décadas. Son nombramientos vitalicios.
Mientras que el Gobierno ha anunciado un acuerdo inminente, el PP tira del argumento de que no entra en especulaciones y que está a la espera de ver si esta vez el presidente del Gobierno no "boicotea" el consenso. Aluden a la última negociación y a cómo entre medias se cruzó la derogación del delito de sedición.
A Sánchez le interesa más que al PP activar esta renovación desde el punto de vista político, pero, al igual que el PP, tiene presiones por la izquierda para que se desentienda de la negociación y opte por el camino de llevar al Parlamento otra reforma legal para revisar la competencia del Consejo para nombrar a los jueces del Supremo. Al PP le presionan por su derecha política y mediática.
