El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924, según el artículo 119 del Código Penal, aunque ha sido objeto de lucha por una regulación efectiva. La aprobación de su "Guía técnica" en 2014 fue resultado de casos emblemáticos como el de K. L. y L. C., dos menores que demandaron al Estado por negarles este derecho.
Desde 2018 la Asociación Tomar Moro presentó la demanda para declarar inconstitucional la Resolución Ministerial N° 486-2014/MINSA, norma que aprueba el Protocolo de aborto terapéutico. Sin embargo, en marzo de 2023 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó su estado constitucional y declaró infundada la demanda. Asimismo se acordó actualizar la guía técnica tomando en cuenta las modificaciones legislativas.
A pesar de que la sentencia fue favorable, ha transcurrido un año y tres meses sin ninguna modificación al documento. El Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo enfatizaron en una mesa de trabajo la urgencia de actualizar la guía en favor de los derechos de las mujeres.
El aborto terapéutico protege la salud física y mental de las mujeres gestantes y la guía técnica permite estandarizar los procesos y proteger los trámites de posibles arbitrariedades. Ante ello, organizaciones feministas, de derechos humanos y multisectoriales han reiterado la necesidad de corregir y ampliar dicha guía para garantizar la salud integral de las mujeres frente a un embarazo causado por violación.
De acuerdo con el expediente, la guía debe incluir la opinión de las menores (niñas y adolescentes) que se sustenta en el principio del interés superior, en beneficio del menor. Asimismo se debe incluir la "objeción de conciencia" para evitar vacíos legales derivados de las convicciones personales de los profesionales de salud involucrados en el aborto terapéutico. Por otro lado, el termino "incapaz" del anexo 2 de la Guía debe ser excluido para promover la igualdad jurídica.
Se han cumplido 100 años desde la promulgación del aborto terapéutico en el país, pero aún son múltiples los obstáculos que afrontan las niñas, adolescentes y mujeres para acceder a este derecho. De acuerdo con el MIMP, en 2023, más del 93% de las víctimas por casos de violación sexual fueron niñas y adolescentes mujeres.
El Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Minsa ha registrado el año pasado 42,828 nacimientos cuyas madres tenían el rango de edad de 0 a 19 años, 1,349 nacimientos en niñas menores de 14 años y cuatro nacimientos en niñas menores de 10 años.
Ante estos datos, la Defensoría del Pueblo reiteró que la guía representa un paso importante al establecer un marco legal adecuado para asegurar que el aborto terapéutico se lleve a cabo de manera apropiada.
La nota de la Defensoría del Pueblo revela que durante la mesa de diálogo, la representante de la Unidad de Atención y Protección del MIMP destacó que los principales desafíos en la atención integral de casos de violencia sexual incluyen la falta de cámaras Gesell en áreas remotas (habitación para que un menor narre una experiencia de abuso), así como la entrega oportuna de kits de emergencia para víctimas de violación sexual.
Asimismo, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología reconoció la existencia de un estigma en el gremio profesional respecto a la aplicación del procedimiento de aborto terapéutico, a pesar de su legalidad. Además, el colectivo Quinta Ola enfatizó en la importancia de escuchar las opciones de las niñas y adolescentes en la implementación del procedimiento, con el objetivo de evitar embarazos forzados y no deseados a tan temprana edad.
Ante los obstáculos y la demora, la Defensoría enviará un documento al Minsa en el que se solicitará la propuesta de modificación de la Guía Técnica Nacional para el procedimiento del aborto terapéutico, a fin de verificar si su contenido es conforme a la decisión de la Corte Suprema.
El Congreso de la República pone en riesgo la salud de niñas y mujeres al aprobar, por mayoría, una ley que limita la práctica del aborto terapéutico. La Ley 32000, impulsada por la congresista fujimorista Rosangella Barbarán y la congresista de Renovación Popular Milagros Jáuregui, fue promulgada el viernes 12 de abril.
Esta propuesta legislativa establece la "protección del embarazo de la madre antes, durante y después del parto, del niño por nacer y de su entorno familiar como derecho fundamental que el Estado y la sociedad deben proteger". Aunque diversos expertos advirtieron que esta medida podría significar un retroceso en los derechos de las mujeres, fue respaldada por la mayoría de las bancadas y aprobada.
