La nueva embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, y cuatro relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) también cuestionan el proyecto de ley que busca limitar las organizaciones no gubernamentales (ONG), conocido como “Ley anti-ONG”, iniciativa que ha generado expresiones de rechazo y preocupación en el país y el mundo por apuntar contra la labor de sociedad civil organizada que apoya a la ciudadanía.
Syptak-Ramnath destacó el aporte de las organizaciones no gubernamentales en la ejecución de la cooperación internacional en beneficio de las poblaciones necesitadas.
“La sociedad civil es parte del pueblo, es parte de lo que necesitamos para tener una democracia fuerte. (…) En Perú, USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que tiene un presupuesto, más de 60 millones de dólares cada año. Trabajamos por las ONG en Perú, no podemos hacer nuestro trabajo aquí sin las ONG fuertes”, dijo en la embajadora, que asumió el cargo la semana pasada, en la estación RPP.
“Esto no es una cosa de injerencia, para nada. Es para los peruanos decidir cómo van a tener sus leyes (…). Hasta en los Estados Unidos sí tenemos políticas bajo las que funcionan las ONG, pero debe ser unas políticas que funcionan por los ONG y, sobre todo, yo diría, sentarse con las ONG, de hablar cómo podemos asegurar la transparencia y la buena conducta. Es una cosa que es importante, pero siempre guardando las posibilidades de los ONG, juzgar sus papeles cruciales en cualquier democracia en el mundo”, agregó.
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Además, los relatores especiales de la ONU Gina Romero (sobre derechos a la libertad de reunión pacífica), Irene Khan (promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), Mary Lawlor (situación de los defensores de derechos humanos) y Ben Saul (promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo) cuestionaron el proyecto en un documento enviado al Gobierno.
Los relatores recomendaron a Perú que “busque el modo de racionalizar el marco regulatorio aplicable a la sociedad civil, en línea con los estándares de derechos humanos vigentes, procurando que el cumplimiento de deberes administrativos no devenga en una carga imposible de afrontar para estas organizaciones o en el desincentivo del ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos”
Además, instaron al Gobierno a “reexaminar la regulación relativa a la supervisión, control y fiscalización del financiamiento de las ONG en el marco de una discusión pública, plural y multisectorial que incorpore a los actores de la sociedad civil directamente afectados”.
“Esto lo que demuestra es una posición compartida que señala el tremendo aislamiento del Perú en la comunidad internacional. Hay una reacción unida del mundo y muy clara ante esta situación. Veo muy difícil que se vaya a continuar en ese empeño porque el mundo entero ya tiene una actitud pública de rechazo”, dice el diplomático Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA (Organización de los Estados Americanos) y exviceminsitro de Relaciones Exteriores.
“Esto debería hacernos pensar a todos que realmente estamos en una situación que ya no resiste más análisis. Las ONG son hoy en el mundo un actor importantísimo de las relaciones internacionales. La nueva embajadora de Estados Unidos acaba de decir que necesitan ONG fuertes. Es una posición concreta de Estados Unidos que comparte el mundo entero. Esto es un aviso específico de la comunidad internacional. Y no es un tema de derecha o de izquierda”, añadió.
El ex director ejecutivo de APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), Antonio González Norris, coincidió con estos cuestionamientos a la iniciativa que avanza en el Parlamento.
“Es falso que no se supervise ni se fiscalice a las ONG. Las ONG son fiscalizadas y supervisadas. Es verdad que se hace un muestreo en base a criterios. Además, las ONG son entes privados, no son públicos. Entonces, las políticas pública son solo un referente. Ya se ponunció el Tribunal Constitucional en ese sentido. Asimismo, no se le puede dar a una ONG peruana el carácter de representante de una potencia extranjera. Ese proyecto debe ir a Comisión de Constituciónn”, dice.
“Pueden existir puntos de vista a favor o en contra de estos pronunciamientos (críticos al proyecto), pero no significa que sean una intervención en asuntos internos del país porque se refiere a temas que tienen que ver con la democracia y esos asuntos están globalizados”, agrega.
