Si la anulación del delito de prevaricación en el caso ERE ya había sido una decisión osada por parte del Tribunal Constitucional —por cuanto su función no es jurisdiccional—, el siguiente paso que se dispone a dar su mayoría progresista es directamente un salto al vacío: dejar impune el mayor caso de corrupción que ha tenido lugar en España en democracia, el fraude de las ayudas sociolaborales que dejó un agujero en las arcas públicas andaluzas de 680 millones de euros. El próximo 2 de julio el Pleno del órgano de garantías tiene previsto abordar los recursos de varios ex altos cargos de la Junta, y su ponente, que es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán , propone ampararlos al...
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