Ahora o nunca. Después de más de 2.000 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la sensación que destila el PSOE es de «optimismo». El acuerdo está cerca. El ambiente que se está generando es, al menos, de crear las condiciones proclives para ello. La prudencia es total, porque no es la primera vez que el pacto está aquilatado y descarrila por cuestiones de oportunidad política. O, más bien, de inoportunidad. Por ello, los socialistas han blindado al máximo los contactos, manteniendo una «discreción» total para evitar que cualquier filtración pueda dar al traste con el que consideran el intento definitivo.
Y es el definitivo, porque el presidente del Gobierno lanzó un ultimátum al PP para que, antes de que acabe el presente mes de junio, se llegue a un acuerdo. En caso contrario, el propio Pedro Sánchez avanzó que su Ejecutivo, de la mano del Parlamento, «dará una respuesta al atropello constitucional del secuestro al gobierno de los jueces». El presidente anticipó que se retiraría al CGPJ la facultad para hacer nombramientos en la cúpula judicial, esto es, en las presidencias de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o los que integran las salas del Tribunal Supremo. Una manera de hacer menos atractivo, para cualquier formación política, el bloqueo en el futuro o lo que Sánchez definió como «el incentivo perverso» que, a su juicio, hace que el principal partido de la oposición lleve cinco años sin pactar la renovación. En la actualidad, el CGPJ no puede hacer nombramientos con el mandato caducado –tras una reforma de la LOPJ en 2021–, lo que ha generado una situación de verdadero colapso por la imposibilidad de cubrir las vacantes que se van generando.
Es la cuenta atrás. A una semana de que venza el plazo, desde Ferraz muestran su «optimismo» por la oportunidad de llegar a un acuerdo «más temprano que tarde». La portavoz de la dirección socialista, Esther Peña, señaló en rueda de prensa que «espera que la renovación sea un hecho». «Que dentro de unos días sea una realidad», alentó. Este optimismo público, sumado a la «confianza» que trasladan en privado otras fuentes socialistas, hace entrever que, esta vez sí, se pueda llegar a acuerdo con el PP. «Esperemos no tener que agotar el plazo y llegar a un acuerdo antes», señalan. No obstante, fuentes socialistas confirman que el plazo se puede alargar más allá de junio, ya entrado el mes de julio, si los contactos prosperan y, a la espera de cerrar una reunión a tres con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, algo importante para que el PP pueda vestir políticamente el acuerdo.
También apunta en esta dirección la suerte de tregua que se estableció en la comparecencia habitual de los lunes, en la que la portavoz no utilizó el rosario habitual de reproches que suele dedicar al principal partido de la oposición por incumplir la Constitución. En Ferraz se mostraron ayer moderados en la crítica hacia Alberto Núñez Feijóo, al que, eso sí, siguen metiendo presión para que no se deje llevar por el sector menos proclive de su partido a alcanzar cualquier entendimiento con el PSOE y con Sánchez. De este modo, le animaban a que «meta en vereda» a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que reivindique internamente su liderazgo. «Ya no le da la nota para moderado, veremos si le da para jefe de la oposición», señaló Peña.
En Moncloa siempre sostuvieron que, superado el ciclo electoral, tras los comicios europeos, se abría la «ventana de oportunidad» para lograr un acuerdo con el PP. En el Ejecutivo mantienen que este es su «plan A», el que tiene menos coste político para el Gobierno, pero ante la negativa sistemática de los de Feijóo, ya estaban valorando poner en marcha otras vías alternativas que permitieran el desbloqueo. «El día de la marmota se acabó», advirtió el propio Sánchez en una entrevista en TVE. Abordar otro tipo de reformas desplazaría el foco al Ejecutivo, en lugar de mantenerlo en el PP –«que es quien incumple la Constitución», señalan en Ferraz– y esto pondría también en alerta a Europa, que ya advirtió sobre fórmulas con déficit democrático como la rebaja de mayorías parlamentarias para elegir a los miembros del CGPJ. Pero en el Ejecutivo están ya dispuestos a asumir el precio de este movimiento y aseguran, no obstante, que cualquier fórmula alternativa que se pusiera en marcha contaría con el aval de la Unión Europea.
Por su parte, en Génova también se está imponiendo la vía más pactista, convencidos de que es una cuestión que interesa desactivar cuanto antes, sobre todo, ante un horizonte en el que el Gobierno pueda avanzar en solitario y maniobre con un nuevo sistema que ya está generando suspicacias en la judicatura. De momento, los populares circunscriben el acuerdo únicamente al CGPJ, mientras en el Gobierno aseguran que se busca un pacto global, con otros organismos también pendientes de renovación, como el Banco de España, la CNMV, la CNMC o RTVE y que no es posible renovar ninguno de ellos sin desbloquear antes el órgano de gobierno de los jueces.
