Un nuevo error jurídico del Gobierno ha dejado en el limbo el Tratado firmado con Francia desde hace año y medio. En concreto, el 19 de enero de 2023, en una Cumbre en Barcelona, se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, un documento que incluía un punto destacado: los gobiernos se comprometían a que un ministro de una de las dos partes sea invitado por la otra parte cada tres meses. Es decir, un ministro francés podrá participar en las reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa. Sin embargo, ese Tratado no ha podido entrar en vigor aún porque ese mismo punto choca con la legalidad española, que el PSOE trata de reformar de forma exprés, aunque por una vía que puede ser inconstitucional.
En este sentido, el Gobierno está tratando de reformar la Ley del Gobierno a través de una «trampa»: introduciendo una enmienda en la ley de paridad, pero los letrados del Congreso han advertido de que esa maniobra puede ser inconstitucional. En primer lugar, los servicios jurídicos de la Cámara Baja han elaborado un informe que alerta de que esa enmienda para cambiar la Ley del Gobierno «no guarda coherencia» con la ley de paridad y ya hay precedentes en los que el Tribunal Constitucional ha tumbado ese tipo de prácticas. Por tanto, el Gobierno puede acabar subsanando su error jurídico cometiendo otro error y eso puede retrasar todavía más la entrada en vigor del Tratado con Francia, que debe ser autorizado por el Congreso.
En segundo lugar, también hay otros letrados que apuntan que esa enmienda a la Ley del Gobierno no es suficiente y el despliegue de ese Tratado requiere una reforma constitucional. Según las fuentes jurídicas, apuntan a lo que dice el artículo 98.1 de la Constitución, que señala únicamente que «el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley»: es decir, sí se hace mención a lo que establezca la ley, pero, en ningún caso, se cita a un Tratado (como sí ocurre en otros preceptos de la Constitución).
«El artículo 98.1 no se refiere a un Tratado. Un Tratado no tiene nada que ver con la Ley», señalan letrados del Congreso consultados por LA RAZÓN. Estas mismas fuentes jurídicas subrayan que el Gobierno acudió a la firma del Tratado sin «haber hecho antes los deberes» con una reforma legal que habilitara constitucional y legalmente la posibilidad de que un ministro francés pueda acudir al Consejo de Ministros español. Pero no solo puede vulnerar el artículo 98.1 de la Constitución, sino que también podría llegar a vulnerar el artículo 23.1, ya que, según el 13.2, «solamente» los españoles «tienen el derecho a participar en los asuntos públicos».
De esta manera, este paso dado por el Gobierno español para estrechar relaciones con Francia parece cargado de buenas intenciones, pero también alberga agujeros jurídicos que pueden acabar desencadenando problemas a futuro. De hecho, si se infringiera el artículo 23.1 de la Constitución, daría derecha al recurso de amparo por parte de la oposición. Si no, también el artículo 95.2 de la Carta Magna recoge lo siguiente: «El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción». Es decir, el Senado, controlado por el PP, puede acudir al TC si detectara una «contradicción» entre el Tratado y la Constitución.
En todo caso, el error jurídico vuelve a alimentar las dudas sobre la forma de legislar del Gobierno, quien ya registró varios reveses en la pasada legislatura (con la Ley del «solo sí es sí» como principal polémica). Además, cabe destacar que, en la ley de paridad, va a introducir dos enmiendas de dudosa constitucionalidad: además de esta enmienda para reformar la Ley del Gobierno, hay otra para reformar y vaciar de competencias al Senado para boicotear al PP.
