Los concejales del PSOE en Santiago desobedecen al partido y apoyan la ordenanza que limita los pisos turísticos
Fueron fieles a sí mismos y a lo que defendieron durante los últimos meses. Los seis concejales del PSOE en el ayuntamiento de Santiago desobedecieron la orden directa de la cúpula local del partido y votaron a favor de la ordenanza sobre pisos turísticos que cierra políticamente el capítulo normativo sobre estas viviendas. La postura de los socialistas era clave para la aprobación de una norma ya que los ocho votos del gobierno local, formado por BNG y Compostela Aberta, eran insuficientes ante los 11 representantes del PP, abiertamente opuesto a esta regulación. La rebelión explícita consuma la ruptura entre el grupo municipal y la dirección después de que el viernes el responsable del partido en la ciudad, Aitor Bouza, hiciese causa de esta decisión y amenazase con la apertura de expediente a quien rompiese la disciplina. Es el camino que espera ahora a unos ediles que han optado por ser coherentes con una norma que pone el broche a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) impulsada por el gobierno socialista durante el pasado mandato.
En febrero de 2023, el gobierno del socialista Sánchez Bugallo, donde Mercedes Rosón era responsable de Urbanismo, modificó el PXOM para restringir las VUTs a las primeras plantas y los bajos residenciales. Entonces, quedó pendiente estudiar una fórmula para regular las viviendas preexistentes. Sin embargo, los informes jurídicos recibidos por el ejecutivo de BNG y CA consideraron imposible “resucitar” -en palabras del concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás- un ordenamiento derogado. Eso dejaba unos 600 pisos fuera de la legalidad y sin posibilidad de adaptarse a ella. Por lo tanto, en lugar de la ordenanza que esperaba el sector -y sobre la que existían “expectativas” de regularización, según reconocieron todas las partes-, lo que presentó el gobierno local fue otra, la aprobada en pleno, sobre la comunicación de la actividad turística al ayuntamiento y que dejaba conscientemente fuera esa posibilidad. Capítulo cerrado.
Sin embargo, pese a ser en buena parte responsables de esa medida, reivindicada como “socialista” por Rosón, la dirección local decidió tratar de frenar un paso que, al mismo tiempo, insiste en minimizar como un mero trámite administrativo. Bouza no ocultó que las diferencias con el ejecutivo eran “de forma y no de fondo” y con su inesperada instrucción, que suponía un vuelco en lo anunciado hasta entonces por el grupo municipal, buscaba un doble objetivo. Uno, explícito: recordarle a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, su posición de minoría. El segundo, implícito y en clave interna: forzar a los concejales, especialmente al sector liderado por Rosón, a desdecirse o bien a mantener su postura y sufrir un expediente. Ninguno de ellos estaba relacionado con el asunto de fondo: la problemática de la vivienda en una ciudad que aspira a ser declarada zona tensionada tras ver crecer el precio de los alquileres un tercio durante el último lustro.