La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha instado a los políticos a que renueven «sin demora» el Consejo General del Poder Judicial ante los estragos que está causando esta situación de bloqueo y la imposibilidad de hacer nombramientos. En un acuerdo adoptado a instancias de 33 magistrados del Tribunal la Sala de Gobierno denuncia que ya se dirigió el 27 de septiembre de 2021 y el 27 de junio de 2022 al CGPJ para pedirle que instara de las Cortes Generales la «elección inmediata» de los vocales que han de sustituir a los que tomaron posesión en 2013. Al hacerlo, recuerda, puso de manifiesto «los muy graves y crecientes problemas que el incumplimiento de la Constitución» y de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la privación al Consejo General del Poder Judicial en funciones de la facultad de hacer nombramientos discrecionales están suponiendo para el Tribunal Supremo. «Esas iniciativas han sido en vano, pues quienes tienen en su mano la solución nada han hecho, de tal modo que, hoy en día, el Tribunal Supremo carece de presidente y de vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados», apunta. La Sala de Gobierno constata que «el perjuicio causado es enorme». Ante todo, a la Constitución y a la Ley Orgánica, «pues ambas se incumplen manifiestamente nada menos que por las Cortes Generales». Después, al propio Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, al Tribunal Supremo y a los demás tribunales, «pues no parece importar privarles de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos. Y, por esa razón, se daña al Poder Judicial en su conjunto». A juicio de los magistrados, lo peor no es la seria alteración del normal funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados, ni el «esfuerzo añadido» que exige a los magistrados que los sirven, sino «el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses». Por todo ello, llaman a la responsabilidad de quienes tienen en su mano «el remedio imprescindible» para que lo adopten sin más demora.
