Su gestión edil ha contratado 3 estudios de abogados extranjeros para atender los conflictos que tiene con Rutas de Lima y Línea Amarilla, concesionarias que ya han ganado algunos arbitrajes. La municipalidad incluso ha subido en blanco algunos de esos contratos a la plataforma pública del Estado.
Cuando se le consulta a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, qué va a hacer tras los arbitrajes y procesos judiciales que ha perdido la municipalidad contra concesionarias como Rutas de Lima, frunce el ceño, ríe irónicamente y apela a acusar a sus entrevistadores de ser cómplices de sus adversarios políticos.
Pero lo que, en realidad, logra con ese hermetismo es que la ciudadanía no confíe en él. Así lo demuestra una encuesta de Ipsos de mayo último, en la que el 59% de los limeños desaprueba su gestión. Y las cosas podrían empeorar con las motos adquiridas con sobrecosto.
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En campaña electoral, Rafael López Aliaga prometió que en su gestión se acabarían las asesorías; no obstante, este año se ha reportado el gasto de 46.387.690 soles en ese concepto, además de servicios por estrategias de defensa por los casos Rutas de Lima y Línea Amarilla.
Pero ¿en qué se han gastado esos 46 millones? Primero, es necesario recordar que durante la gestión de Susana Villarán, la Municipalidad de Lima firmó un contrato de concesión con Nueva Rutas de Lima por 30 años para que dicha empresa cobre la tarifa de peaje en las panamericanas Norte y Sur, a cambio de encargarse de implementar obras en esta vías.
En 2019, Villarán confesó que recibió aportes de Odebrecht y OAS para financiar la campaña que buscaba impedir su revocatoria en el 2013. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la exburgomaestra recompensó a Odebrecht (Rutas de Lima) con la concesión de los peajes, y a OAS con la adenda para Línea Amarilla.
Por estas irregularidades y otras controversias, se ha pedido la nulidad del contrato. Lo intentaron Luis Castañeda Lossio y Jorge Muñoz, pero ambos perdieron laudos arbitrales.
Cuando López Aliaga asumió la alcaldía, decidió hacer las cosas a su modo y dio por concluida la concesión, argumentando que vulneraba “los derechos de los ciudadanos” al haber incrementado su tarifa y estar inmerso en corrupción; para ello se apoyó de su concejo.
Por ello, Rutas de Lima (con Brookfield como accionista mayoritario) acudió a un tercer arbitraje y en este pidió una medida cautelar por la decisión de la comuna, la cual le fue concedida por un Tribunal Arbitral Internacional.
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Pero en la práctica no se viene ejecutando en Puente Piedra debido a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en ese distrito “por haberse vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes y de los usuarios que circulan por la vía”. No obstante, el conflicto sigue, por ello la gestión de López Aliaga continúa contratando millonarios servicios de asesoría legal.
A inicios de año, la MML contrató los servicios de Foley Hoag LLP por 6.284.390,00 soles, para que la asesorara y defendiera legalmente en parte del proceso judicial entablado en la Corte Federal del distrito de Washington DC. El municipio buscaba en este ámbito judicial que se anularan el primer y el segundo arbitraje que salieron a favor de Rutas de Lima en 2020 y 2022. Pero en marzo de este año, la jueza Ana C. Reyes falló en contra de la MML y ratificó la validez del contrato de peaje.
López Aliaga escribió en sus redes sociales que “Odebrecht sigue mintiendo” al señalar que ya ganaron, porque se trata de una primera instancia y la municipalidad apelará el fallo.
En paralelo, López Aliaga recurrió a los servicios del bufet británico Raedas Consulting Limited, al que se le encargó hacer un análisis sobre el proceso en el que Brookfield adquirió las acciones de Rutas de Lima en 2016. Se buscaba que Raedas hallara pruebas de que Brookfield sabía de los presuntos delitos de Odebrecht cuando hizo la compra. Por ese servicio, la comuna desembolsó 336.000 soles.
Raedas, por su lado, recomendó a la MML adquirir los servicios de una “empresa especializada en investigaciones técnicas y/o jurídicas respecto de transacciones corporativas a nivel internacional; así como en el análisis del entorno que rodea una transacción, relacionada con presuntos actos de corrupción y conductas contrarias al buen gobierno corporativo”.
Ese fue el argumento del municipio para adquirir los servicios del estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner, el cual hizo ese trabajo por 400.000 soles. López Aliaga estuvo conforme con esa primera labor, por lo que continuó la relación con Boies, pero esta vez se abonó la suma de 3.000.000, de acuerdo al Seace.
La tarea en esta ocasión fue representar a la MML “con respecto a posibles violaciones de las leyes de valores y las leyes penales de EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield” a Rutas de Lima, además de formular una demanda “si se identifi ca alguna posible violación de las leyes penales de los EE. UU.”.
Es decir, la premisa es abrir otro tipo de proceso contra Brookfield en el país norteamericano. En entrevista con RPP, un abogado de la firma Boies, Martín de Luca, no quiso especificar la estrategia legal ni a qué tribunal mandarían el caso en Estados Unidos. “En EE. UU. se puede probar un acto de corrupción, no necesita de la autoridad extranjera para probar algo (…) Lo que necesita es la evidencia”, dijo.
Así continuaron las relaciones con Boies Schiller Flexner y en marzo se ‘celebró’ un nuevo contrato. Si bien las funciones eran las mismas, en este caso los abogados tenían que ver el conflicto que tiene el municipio con Línea Amarilla SAC. Por este servicio, la municipalidad desembolsó 2.200.000 de soles.
Existen dos contratos más que la municipalidad ha acordado con la firma Boies por 33 millones de soles (uno por 20 millones y otro por 13 millones) por conceptos de asesorías y patrocinios legales, pero no se especifica qué casos abordaría el estudio de abogados.
Vale decir que las otorgaciones de la buena pro de estos acuerdos deben subirse a detalle en la plataforma de Seace, pero en el caso de estos dos últimos contratos solo hay algunos PDF con la carátula de dichos contratos y líneas negras que tapan su contenido.
Desde el OSCE, el organismo que supervisa las contrataciones del Estado y que está a cargo de la plataforma Seace, señalan que son las instituciones (en este caso la MML) las responsables del contenido de sus documentos, por lo que si alguien tiene que responder sobre por qué llegó tachado el contrato, es la entidad edil.
“Seace es un sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, por lo que no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la entidad”, dijeron.
Asimismo, desde la municipalidad, se nos señaló que esa información está tapada porque es “confidencial”. A la vez, cuando se le pidió los descargos del alcalde o de algún funcionario, se nos dijo que él ya ha respondido esos temas en reiteradas veces.
“Lo único cierto es que se han gastado millones de soles en servicios legales y no ha habido ningún resultado concreto, salvo los titulares que generan sus declaraciones políticas que, lejos de solucionar el problema, contribuyen a una eventual candidatura presidencial suya”, explica, a su turno, el exregidor Carlo Ángeles.
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional ordenó a la concesionaria Rutas de Lima la suspensión del cobro de peajes en la caseta de Chillón, en Puente Piedra.
No obstante, en un auto de fines de mayo, el TC añadió que igual es “imperativo” que la Municipalidad Metropolitana de Lima construya vías alternas. Agregó que la comuna tiene la “ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar” dicha construcción en Lima norte.
En el programa ‘Panorama’ le consultaron al alcalde López Aliaga sobre el tema y este se mostró fastidiado. Aseguró que es “físicamente Imposible” cumplir ese mandato. Esto, a pesar de que en campaña electoral él aseguró y prometió que sí iba a construir vías alternas. Es más, dijo que ya tenía estudios. Mintió.
Por su parte, desde Rutas de Lima señalaron hace unos meses que sí se pueden realizar vías alternas, según estudios técnicos. Esa vez, la gestión de López Aliaga dio el visto bueno a una de ellas.
Por el momento no se cobra en el peaje de Chillón, pero podría haber pagos posteriores por compensaciones.
