A seis días cortos de la primera vuelta de las elecciones anticipadas, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen , confirmó la mañana del lunes las grandes líneas de su posible gobierno de cohabitación con Emmanuel Macron : jubilación a los 60 años, derogación del derecho de suelo para los hijos de inmigrantes, reducciones del IVA para los productos energéticos, auditoría de las cuentas del Estado. Según todos los estudios y sondeos, históricamente fiables, en Francia , AN puede conseguir la mayoría parlamentaria, relativa o absoluta, en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas, el 30 de junio y el 7 de julio próximos. Anticipando ese resultado previsible, Bardella declara: «Seré un presidente respetuoso con la función del jefe del Estado, pero intransigente sobre mi política», que anuncia ecuménica. Y agrega: «Seré el primer ministro de todos los franceses, con un respeto absoluto por los derechos de la oposición». Tras la segunda y decisiva vuelta, una vez consumado su eventual nombramiento como primer ministro de cohabitación con el presidente Macron, Bardella formará un gobierno que tomará una primera decisión: una auditoría de las cuentas de la Nación. Ante siquiera de confirmarse el estado de los déficits de las cuentas del Estado y la deuda pública, Bardella confirma dos medidas capitales: restauración de la jubilación a los 60 años, que impuso por vez primera la unión de la izquierda socialista y comunista, en 1981; y reducción del IVA en los productos energéticos. Dos medidas por matizar, pero que suscitan muchas críticas de la patronal y los analistas financieros. En materia de inmigración e inseguridad, Bardella se propone reforzar la política policial y judicial, para combatir el salvajismo y derogar el derecho de suelo, que tiene más de cinco siglos de historia. El derecho de suelo permite a los hijos de inmigrantes adoptar la nacionalidad francesa, con solo solicitarlo y pasar unos exámenes. Es una medida que adoptaron los Reyes de Francia entre los siglos XIV y XV y que ha sido confirmada y matizada por Napoleón, todos los gobiernos de los últimos doscientos años, por de Gaulle y todos los gobiernos de la V República. La derogación de ese derecho secular es una decisión que puede provocar un choque institucional y que tendrá que confirmar o rechazar el Tribunal Constitucional. Mientras se negocie, discuta, apruebe o rechace ese proyecto, Bardella anuncia un endurecimiento de la política contra la delincuencia, en la línea que ya se practica: expulsión sistemática de delincuentes y criminales de origen extranjero. El año pasado, el gobierno Macron expulsó a más de 1.600. Bardella propone más expulsiones. En un terreno sensible pero menos grave, quizá, Bardella se propone imponer una medida que Macron está experimentando, sin mucho éxito: imponer el uso del uniforme en las escuelas, reforzando el deber de respeto hacia maestros y profesores.
