El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobreexplota las fuentes de agua para atender la demanda de sus clientes, incurriendo en una pérdida del 57% del líquido. Esto significa que extrae más agua de la necesaria para abastecer a sus abonados, advierte la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Este problema estresa las fuentes de agua superficiales y subterráneas que sobreutiliza, debido a un fenómeno que el AyA arrastra desde hace años, llamado Agua No Contabilizada (ANC). Esta incluye el líquido desperdiciado o no registrado en el cobro debido a fugas en tuberías, conexiones ilegales, errores de medición en los hidrómetros, robos de agua y otros factores.
La Intendencia de Agua de la Aresep elaboró un informe el año pasado para dimensionar el efecto del problema.
Tomó como referencia una tarifa del 2018 de ¢955,31 por metro cúbico (m³) de agua y un registro de ANC del 57,14% en la red del AyA. La investigación determinó que el AyA produjo 95 millones de m³ que nunca facturó, con los cuales habría abastecido a unos 396.884 abonados, con un consumo promedio de 20 m³ al mes.
Desde el punto de vista monetario, Aresep descubrió que esa agua tenía un valor aproximado de ¢90.995 millones que el Instituto no convirtió en ventas. Estos ingresos, continúa el reporte, habrían permitido sustituir el parque de medidores en su totalidad por unidades nuevas más modernas y atender nuevas necesidades de inversión.
Marco Cordero Arce, intendente de Agua de la Aresep, indicó que por cada 100 litros que el AyA extrae, desperdicia 57 sin sufrir consecuencias.
“El Instituto no sale perjudicado a nivel financiero porque todo lo carga a los abonados. Sus costos productivos, incluido el desperdicio, se trasladan a las tarifas, por lo que no tiene ningún incentivo para corregir”, afirmó Cordero.
Según él, esto ocurre porque el AyA siempre recupera sus costos productivos, independientemente de si el agua se factura, se derrama o alguien la usa sin pagar.
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Si el AyA desperdicia el 57% del líquido requerido para satisfacer la demanda, agregó el funcionario, eso es potencialmente peligroso para los abonados, pues implica explotar fuentes subterráneas que tardan más en recuperarse.
“Sobreexplotar estas fuentes para desperdiciar el agua no es una opción. Todo eso tiene un costo y no desaparece. El AyA no puede simplemente redistribuir ese costo entre los demás abonados”, agregó.
La Nación consultó al AyA el 19 de junio sobre las soluciones que implementa para prevenir la pérdida de agua (por falta de facturación, hurto o fugas) y sobre su postura respecto a la sobreexplotación de fuentes. Empero, al cierre de esta publicación, el Instituto no había respondido.
Esta misma semana, la Defensoría de los Habitantes urgió al AyA a realizar una adecuada gestión integral del recurso para prevenir riesgos en su protección y evitar un impacto en el suministro durante la estación seca del 2025.
La entidad denunció que este año se registran extensos racionamientos programados y no programados, así como casos de contaminación que demuestran la vulnerabilidad del sistema.
En la primera mitad del 2024, la Defensoría recibió más de 250 denuncias, de las cuales 90% (225) eran sobre el AyA, y el 10% restante correspondían a acueductos municipales y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
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La alerta de la Defensoría coincide con el último balance de Cuentas Ambientales elaborado por el Banco Central de Costa Rica, que incluye indicadores del país relacionados con la gestión de fuentes hídricas, energía y flujo de materiales, entre otros.
Según ese reporte, el porcentaje de agua perdida en Costa Rica durante la distribución a los abonados creció de 55% en el 2020 a 67% en el 2021. Este recuento incluye al AyA, municipalidades y la ESPH.
En junio del año pasado, la Autoridad Reguladora resolvió aplicar una rebaja del 10,7% en las tarifas del servicio que brinda el AyA por trasladar a los usuarios el 57% de agua que desperdicia.
El estudio tarifario ET-113-2022 indica que el líquido “se desperdicia por las aceras y carreteras mediante fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores”.
La Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años (el próximo ajuste sería en el 2025), dado que es obligación del Instituto cumplir con el principio de servicio al costo y no puede cobrar a los usuarios por el agua que no factura correctamente.
Pocas semanas antes, en abril, el entonces jerarca del AyA, Alejandro Guillén Guardia, confirmó que la entidad analizaba la posibilidad de abandonar un proyecto para eliminar fugas de agua no contabilizada, por el cual se contrajo un préstamo de $130 millones en el 2015.
El monto resultó de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una donación del banco alemán KfW, al cual se sumó una contrapartida de $30 millones del Instituto para sellar gran parte de las fugas en sus tuberías y controlar mejor la producción y capacidad de bombeo del líquido que distribuye.
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Sin embargo, el plan, llamado “Reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética” (RANC-EE), tenía el año pasado tal grado de atraso que Guillén analizaba si se debía continuar.
Yamileth Astorga Espeleta, quien fue jerarca del Instituto del 2014 al 2020, señaló que cuando dejó la entidad, la unidad ejecutora RANC-EE ya tenía listas 11 licitaciones para atender ese problema, pero ninguna se adjudicó. En su opinión, el problema ha sido el constante cambio de jerarcas en el AyA y también la salida de mucho personal.
Del 2020 a este año, recordó que el Instituto ha tenido cuatro presidentes ejecutivos: primero, Tomás Martínez Baldares, quien fue sustituido por Roberto Guzmán Gutiérrez en el 2022. Sin embargo, Guzmán Gutiérrez fue destituido por el presidente Rodrigo Chaves el año pasado y llegó al puesto Alejandro Guillén Guardia.
Guillén Guardia también salió a pedido de Chaves el 30 de enero anterior, en medio de una crisis por agua contaminada con xilenos. Hace poco más de cuatro meses, ocupa el puesto Juan Manuel Quesada Espinoza.
“¡Diay!, con todos estos cambios de presidencias ejecutivas no se han sacado licitaciones y, además, han cambiado gerentes, directores de unidades ejecutoras y puestos en altos mandos. Toda esa rotación de personal complica todo”, añadió.
