Partidos de oposición rechazan plan del gobierno de usar ¢3.500 millones de las asociaciones de desarrollo para financiar ajuste al salario base de los cuerpos policiales
Diputados de los cinco partidos de oposición que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, fustigaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por recortar ¢3.500 millones para las asociaciones de desarrollo comunal.
El gobierno propone usar estos recursos para financiar el ajuste al salario base de 19.934 policías.
El cambio en las partidas se incluyó en el cuarto presupuesto extraordinario de la República, actualmente bajo análisis del foro legislativo.
El costo total del ajuste salarial es de ¢8.153 millones, de los cuales el 43% proviene de los fondos destinados a las asociaciones de desarrollo.
Acosta justificó el movimiento en la inexistencia de proyectos que se puedan financiar con estos recursos, y por la ineficiente ejecución de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), a cargo de la administración de estos dineros.
El jerarca precisó que de los ¢8.290 millones asignados, la institución solamente ha puesto en uso ¢764 millones.
“El nivel de ejecución de Dinadeco es realmente pobre”, afirmó Acosta durante una comparecencia ante la Comisión de Hacendarios, el pasado 18 de junio.
Empero, las justificaciones de Acosta no fueron aceptadas por los representantes de los partidos Nueva República (PNR), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Liberal Progresista (PLP) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los congresistas de oposición señalaron que las asociaciones de desarrollo no son el problema, sino el mal trabajo que realiza Dinadeco, por lo que pidieron que se llamara a cuentas a su directora ejecutiva, Fabiola Romero Cruz.
“Un llamado a la señora presidenta de Dinadeco. Entonces, ¿qué está haciendo? Si ella no puede defender su propio presupuesto y dice: ‘Bueno, diay, cójalo’, diay, cierre y vámonos. Cerremos Dinadeco y todo lo importante que es Dinadeco y las asociaciones de desarrollo para todo el país”, expresó con molestia José Pablo Sibaja, jefe de fracción del PNR.
No obstante, Romero fue removida del cargo la noche del viernes 21 de junio y, en su lugar, se designó a Roberto Alvarado Astúa, quien laboraba en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Según el criterio de los congresistas, con el recorte presupuestario se estaría castigando a organizaciones que atienden las necesidades de las comunidades, cuando la responsabilidad debería recaer en la institución a cargo, que pertenece al Poder Ejecutivo.
Los integrantes de la Comisión de Hacendarios adelantaron que buscarán otros fondos con los cuales sustituir el recorte a las asociaciones de desarrollo, pero el ministro aseguró que no existen más fuentes de las cuales se puedan obtener los dineros necesarios para sostener el aumento al salario base de los policías.
La diputada Sonia Rojas, del PLN, pidió al jerarca de Hacienda aclarar si el recorte se debe a la mala ejecución de recursos por parte de las asociaciones de desarrollo, a lo que Acosta respondió que “por supuesto”.
“Si tuvieran una buena ejecución, yo creo que ninguno tendría un argumento para llegar y no dárselos. El problema es que no tienen ningún proyecto que pueda ser financiado, y ese es un problema grave. Nosotros tenemos que tratar de que puedan mejorar su gobernanza y mejorar la gestión que pueden hacer de los recursos; hoy, no lo tenemos”, argumentó el jerarca.
Jonathan Acuña, del FA, calificó de “terrible” que se responsabilice a las asociaciones de desarrollo por el recorte, cuando “el palo en la carreta” lo pone la institucionalidad que debería estar para ayudarles (Dinadeco).
“Para mí, esa no es una buena justificación”, puntualizó el frenteamplista. Acuña recalcó su apoyo al aumento salarial de los policías, pero su total desacuerdo con el recorte.
El liberacionista Joaquín Hernández puso en duda que no existan proyectos que financiar, como lo aseguró el titular de Hacienda.
“Yo lo que creo es que, conociendo las necesidades que hay en las asociaciones de desarrollo, Dinadeco tiene en fila cientos de proyectos”, externó el parlamentario.
“Si estuviera aquí la directora nacional, doña Fabiola Romero, estoy seguro de que podría hacernos una lista enorme de todo lo que le solicitan en todo el país. Por eso creo que hay que valorar bien este tema de rebajarles recursos a unas entidades como las asociaciones de desarrollo”, agregó.
Por su parte, Eliécer Feinzaig, del PLP, tildó de “excusa inaceptable” los alegatos de Nogui Acosta. En su opinión, las asociaciones no solicitan o no presentan los proyectos “porque saben que el Ministerio de Hacienda no les quiere asignar un centavo”.
Gilberth Jiménez, del PLN, cuestionó el razonamiento del ministro porque, para él, la partida de la que provienen los ¢3.500 millones no es para ejecución de Dinadeco, sino para transferencias que se les deben girar directamente a las asociaciones de desarrollo, por lo que no sería necesaria la presentación de un proyecto.
Jiménez recordó al ministro que hay dos tipos de financiamiento que tiene Dinadeco: uno que, efectivamente, se utiliza para proyectos, y otro que se les gira directamente a las asociaciones de desarrollo.
José Luis Araya, director de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, le dio la razón al congresista, pero aclaró que, para trasladar directamente los recursos a las asociaciones de desarrollo, Dinadeco debe previamente elaborar un listado identificando estos destinatarios.
Empero, según Araya, Dinadeco no ha presentado esta nómina de posibles receptores de los fondos. “En ese momento es que nosotros podemos, como Ministerio de Hacienda, girarle directamente a la asociación, llámese como se llame. Antes, no podríamos”, agregó el funcionario.
Para Jiménez, los recursos sí se podrían ejecutar, si existiera voluntad política, por parte de Dinadeco, de enviar la planilla al Ministerio de Hacienda, para así proceder con el traslado directo a todas las asociaciones de desarrollo.
Jiménez adelantó que presentará una moción para mantener el ajuste salarial, sustituyendo los fondos de las asociaciones de desarrollo.
Sin embargo, cuando le preguntó a Acosta sobre la posibilidad de disponer de recursos de una fuente adicional, el jerarca le señaló que el presupuesto “es muy tallado” y que no queda espacio de donde tomar más dinero.
Otros legisladores, como el socialcristiano Carlos Felipe García, enfatizaron en su interés de buscar otras alternativas que permitan frenar el recorte a las organizaciones comunales, por considerar la medida contraproducente.
“Pero yo quiero decirle a la ciudadanía, al pueblo costarricense, que los diputados que estamos acá, en esta comisión, vamos a sacar la tarea, y la vamos a sacar para darles mejores condiciones a nuestros policías sin desatender al sector comunal de este país. Y lo volveremos a hacer de forma conjunta”, señaló el diputado del PUSC.
