La reiterada pretensión del jefe del ejecutivo de someter al mandato popular la elección de los togados va tomando forma de manera vertiginosa.
El nerviosismo generado en los mercados tras el resultado de la elección del 2 de junio pasado ha tenido como epicentro la desconfianza causada, particularmente, por la reforma al poder judicial en puerta.
La reiterada pretensión del jefe del ejecutivo de someter al mandato popular la elección de los togados va tomando forma de manera vertiginosa y, a todas luces, el objetivo es que el proceso se desarrolle antes de que la presente administración concluya. Un obsequio para el segundo piso transformador y también un venenoso regalo de despedida para quienes, al menos durante los últimos años, han constituido un evidente contrapeso a determinadas intenciones reformadoras desde Palacio.
La maquinaria se ha puesto en marcha, con la finalidad de legitimar la determinación presidencial, que ha sido asumida como propia por la futura presidenta de México, dando inicio con el tan socorrido mecanismo de las encuestas para dar paso a la realización de foros temáticos de discusión en los meses por venir que, se asegura, no serán mera simulación.
La incertidumbre continúa y ha obligado a la sucesora a salir al encuentro de la inquietud con una narrativa tranquilizadora, pero que no quita el dedo del renglón y, en consecuencia, estimula el desasosiego interno y en el exterior específicamente por las implicaciones que la reforma pueda tener en cuanto a la certeza jurídica para inversionistas propios y nuestros socios comerciales. Las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México, mesuradas y prudentes, dan cuenta, no obstante, de la relevancia que tiene para ellos el asunto y envía un sutil mensaje sobre la necesidad insoslayable de contar con un poder judicial fortalecido.
Pese al optimismo discursivo, el escepticismo campea en el ambiente en virtud de las muestras de premura. La celeridad con la que se ha puesto en marcha el proceso, las declaraciones del jefe del ejecutivo que revelan expresamente su obstinación respecto al poder judicial, precedido de un cúmulo de descalificaciones y la temporalidad en que el tema será llevado al Congreso con una nueva mayoría y legitimado por la discusión pública ya programada son señales evidentes de cuál será el derrotero que seguirá la iniciativa y definirá el escenario político, social y económico del país en el futuro inmediato.
La especulación sobre el grado de autonomía que tendrá el futuro gobierno respecto del presidente en turno se acentúa. Por una parte, se tiene la esperanza de que a partir de octubre la administración que inicia dé muestras de independencia y corrija los entuertos que dejará la saliente.
Por otra parte, se tiene la sospecha, dada la experiencia, de que la pregonada jubilación no será otra cosa que el retiro de los reflectores para seguir ejerciendo el poder desde las sombras, en un remoto lugar de nuestra dilatada geografía.
Al tiempo.
