El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está citado de nuevo este lunes ante el juzgado que lo investiga por un fraude fiscal de más de 350.000 euros tras enriquecerse en la pandemia vendiendo mascarillas. Es la segunda vez que el comisionista acude a la sede judicial después de que la primera comparecencia, el pasado 20 de mayo, fuera suspendida. Ese día permaneció tres horas escondido en las instalaciones y se puso una peluca para intentar despistar a los periodistas. Esta investigación discurre en paralelo a otra causa en la que se presenta como víctima de revelación de secretos por parte de la misma Fiscalía que le denunció.
La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.
En los últimos meses, este periódico también ha revelado que después de ese pelotazo, González Amador se compró el piso en el que vive con la presidenta y que los dos disfrutan además de una segunda vivienda situada justo encima de ese piso que es propiedad de unos empresarios vinculados al comisionista. El administrador de la sociedad que posee esta segunda residencia está relacionado con el presidente de Quirón Prevención, filial del principal adjudicatario de contratos de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. Ambos inmuebles están valorados en 2,8 millones de euros a precio de mercado. En este tiempo, ni González Amador ni la presidenta han explicado a cambio de qué disfrutan de ese ático de lujo.
Si no se da ese hipotético acuerdo con la Fiscalía, la pareja de Ayuso tendrá que explicar a la jueza Inmaculada Iglesias cómo es posible que aunque sus ingresos se multiplicaran por más de seis en el año 2020 —más de 2,3 millones— únicamente declarara 8.400 euros de beneficio y que, en consecuencia, su factura fiscal fuera tan baja como en años anteriores. La investigación reveló que, para ello, se sirvió de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla.
Es decir, intentó que a ojos de la Agencia Tributaria su beneficio fuese menor aparentando gastos que no se habían producido, para así pagar menos impuestos. Las pesquisas detectaron que esas facturas se emitieron por empresas sin apenas actividad, muchas sin trabajadores, por conceptos genéricos y sin que se hubieran acreditado los trabajos por los que supuestamente pagó. La principal fuente de ingresos fue una comisión de dos millones de euros por mediar en la compraventa de mascarillas y guantes, aunque también facturó casi otro millón de euros a quien la Fiscalía señala como su “principal cliente”, el grupo empresarial Quirón Salud.
Además, para reducir esa factura fiscal buscó la colaboración de cuatro empresarios, propietarios en total de ocho empresas. Las mexicano Maximiliano Niederer –a quien la Agencia Tributaria acusa de ser un testaferro– emitieron dos facturas por 1.542.585 euros. Tres empresarios andaluces emitieron hasta 13 facturas por trabajos no realizados. Los cuatro también están siendo investigados en esta misma causa.
De producirse el hipotético pacto con la Fiscalía, sería la segunda vez que González Amador reconoce haber engañado a la Agencia Tributaria. Ya lo hizo por escrito, el pasado 2 de febrero, diez días antes de que elDiario.es revelara en exclusiva la existencia de la denuncia contra él. Entonces, su abogado envió a la Fiscalía un correo electrónico en el que reconocía “íntegramente” que su cliente había cometido dos delitos fiscales entre 2020 y 2021.
En esa propuesta, González Amador proponía aceptar ocho meses de cárcel, devolver los 350.951,41 euros defraudados, pagar una multa de aproximadamente 140.000 euros y otros 24.685,51 euros de intereses de demora, así como que se le impidiera obtener subvenciones o ayudas públicas durante nueve meses. Todo condicionado a que, en cualquier caso, se suspendiera la pena de prisión y, por tanto, no entrara en la cárcel. Si se mantiene o no esta propuesta es, por el momento, una incógnita.
La citación de González Amador se solapa con la investigación judicial paralela en la que se presenta como víctima de revelación de secretos por parte de la misma Fiscalía que le denunció. Su querella —y otra por los mismos hechos presentada por el Colegio de Abogados de Madrid— ha propiciado la investigación contra dos fiscales de Madrid, mientras la causa apunta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El empresario y comisionista presentó una querella contra ambos por un delito de revelación de secretos al publicar un comunicado sobre el caso para desmentir una información falsa difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. González Amador acusa a ambos fiscales de haber difundido datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales. Ese comunicado se publicó después de que Rodríguez filtrara a varios medios una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior.
