Daniel Yovera- Epicentro TV
Entre el discurso sin contexto y las evidencias con contexto hay una distancia grande. Esto aplica para el sentido que, para justificar su iniciativa, le han dado los propulsores del dictamen del Congreso contra las ONG a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos captados por las organizaciones sin fines de lucro.
Por ejemplo, un comunicado en defensa del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, firmado por su presidente, el fujimorista Alejandro Aguinaga, citando el “Informe de evaluación sectorial de exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)”, indica que la UIF “informa que en el período de 2018 a 2020 fueron enviados 195 reportes de operaciones sospechosas vinculados con la OSFL”.
Y añade el comunicado: “Esta información no puede ser de dominio público en razón a que se encuentra en proceso de investigación ante el órgano jurisdiccional competente”.
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El dato de las 195 operaciones sospechosas señaladas por la UIF se encuentra en la página 36 de su informe, titulado como dice el congresista Aguinaga, pero señala lo siguiente:
“De acuerdo con la información recabada por la UIF, en el periodo de 2018 a 2020 se han enviado 195 ROS (reportes de operaciones sospechosas) vinculados con OSFL (organizaciones sin fines de lucro), remitidos principalmente por parte de bancos, notarios y otros sujetos obligados. Los montos totales reportados ascienden a USD 2,950.539.944. Adicionalmente, es importante resaltar que las OSFL principalmente reportadas han sido aquellas dedicadas a: i) Servicios - Caritativas de asistencia social (protección y ayuda a la niñez, grupos vulnerables); ii) Asociaciones de vivienda; iii) Representantes de empresarios, iv) Entidades religiosas; y v) otras OSFL pendientes de clasificar”.
Como se observa, el informe de la UIF vincula la mayoría de reportes de operaciones sospechosas con actividades de ONG dedicadas a las acciones de caridad, de vivienda, de empresarios y religiosas, en movimientos financieros por casi 3.000 millones de dólares.
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Algo que obviaron mencionar en el comunicado de la Comisión de RREE y quienes repiten el mismo extracto en medios de comunicación.
La página 85 del informe de la UIF indica que, según lo informado por los bancos, las OSFL identificadas como más expuestas a riesgos de lavado de activos son las religiosas y las de promoción de la educación, que representan el 86,76% de las entidades más expuestas.
La UIF no está diciendo que las organizaciones religiosas y educativas se dedican al lavado de activos, sino que los bancos las identifican como las más expuestas a los riesgos del lavado de dinero.
No es una realidad nueva para la UIF. La institución ya realizó tres evaluaciones nacionales de riesgo en 2010, 2016 y 2021, con patrones similares en riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.
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Uno de los hechos más relevantes –dado el avance de la minería ilegal en el país–, pero ignorado por los congresistas impulsores del dictamen anti-ONG, es el de las entidades que, estando inscritas como organizaciones sin fines de lucro, se dedican a comercializar oro y a prestar dinero a cambio de empeños y, por lo mismo, son consideradas de “alto riesgo”.
La página 90 del informe de la UIF da cuenta de un análisis de riesgo realizado en el 2017 a las 1.133 organizaciones sin fines de lucro consideradas de alto riesgo y revela: “... 998 cuentan con estado de contribuyente ‘activo’ en Sunat; 853 cuentan con estado y condición de contribuyente ‘activo’ y ‘habido’ en Sunat. De las 853 OSFL, 6 se encuentran registradas en el SIGSO como comercializadores de oro, OSFL y empresas de préstamos y empeño con garantía pignoraticia; y de las 847 restantes, 9 están registradas en APCI”.
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Líneas más abajo, la misma página señala:
“Las OSFL de mayor riesgo e importancia relativa en el contexto de lavado de activos/financiamiento del terrorismo son aquellas que prestan microcréditos” (resaltado nuestro).
El asunto de la venta de oro y de los préstamos es relevante debido al imparable avance registrado en los últimos años por la criminalidad organizada que opera en negocios de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y extorsión, y al incremento del precio del oro que se extrae en socavones de la sierra peruana y en ríos amazónicos, algo que el Congreso no enfrenta sino, por el contrario, alienta con los proyectos que impulsa.
El mismo informe de la UIF dimensiona el tamaño de las economías ilícitas en el país: 1,750 millones de dólares potencialmente ilícitos provenientes del narcotráfico, solo entre enero y setiembre de 2019, y 880 millones de dólares de ganancias ilícitas por minería ilegal en el mismo período, equivalente al 45% de todo el dinero blanqueado en el Perú en los últimos nueve años. ¿El Congreso va a combatir esta realidad?
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“En términos de la amenaza de LA, el informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes indica que el Gobierno peruano identificó 1,750 millones de dólares en fondos potencialmente ilícitos que fluyeron a través de Perú, de enero a septiembre de 2019. La minería ilegal produjo más de 880 millones de dólares en ganancias ilícitas de enero a septiembre de 2019 y constituye el 45 por ciento de todo el dinero blanqueado en Perú en los últimos nueve años, por mucho el sector más grande. Los narcotraficantes suelen blanquear las ganancias a través de actividades mineras ilegales y transacciones de oro”.
El mismo informe señala que la minería y la extracción de oro ilegal, el tráfico de drogas y la corrupción pública (N.R.- por ejemplo, del Congreso) son las principales fuentes de fondos ilícitos en Perú.
“Los criminales y organizaciones suelen canalizar los fondos ilícitos a través de empresas de fachada, y muchas de ellas se dedican a la extracción ilegal de oro. Los particulares o las empresas de fachada también blanquean fondos ilícitos a través de bienes inmuebles, cambios de moneda, cooperativas de crédito, compraventa de automóviles, moneda virtual y notarios”.
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Se trata de los mayores peligros que enfrentan hoy los peruanos: minería ilegal, narcotráfico y corrupción. Pero eso es algo que el Congreso no quiere ver y menos enfrentar.
Sobre las amenazas de financiamiento al terrorismo, el informe de la UIF aclara que “si bien medios periodísticos locales señalan un aparente uso indebido del sector de las OSFL, en particular aquellas que promueven la religión islámica, que tendrían lazos con remanentes de SL y organizaciones como Hezbollá y otros movimientos yihadistas, esta percepción no encuentra sustento en la información suministrada por las autoridades”.
El documento da cuenta de los resultados de investigaciones realizadas en sede policial y fiscal: “No se ha podido comprobar que estén usando indebidamente a OSFL para propósitos de LA y/o FT. Durante el 2021 se impulsaron 6 investigaciones sobre terrorismo con posibles conexiones con FT. El MP y la DIRILA manifestaron haber iniciado en el último año investigaciones preliminares vinculadas a organizaciones residuales de SL, que captan fondos y promueven adoctrinamiento de sus miembros a través de múltiples actividades, algunas de las cuales se relacionan con OSFL... No obstante, no hay información concluyente, pues las investigaciones se encuentran aún en etapa preliminar”.
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Desde el punto de vista de la amenaza, la UIF concluye que “el nivel de exposición de las OSFL (organizaciones sin fines de lucro) al FT (financiamiento del terrorismo) es bajo”.
Según informó la Sunarp a la UIF, en el país hay más de 300.000 organizaciones sin fines de lucro, pero activas, de acuerdo con la Sunat, solo 39.219. De ese universo, 12.723 se activaron en 2018, 14.408 en 2019 y 8.769 en 2020. En total, 35.900. Quiere decir que de las 39.219 OSFL activas, 35.900 fueron activadas entre 2018 y 2020. ¿El Congreso va a indagar las actividades de las que se activaron en los últimos años?
Por último, un dato relevante es el de la procedencia y naturaleza de los fondos recibidos por las organizaciones sin fines de lucro fundadas en el Perú. Vía cooperación oficial bilateral intergubernamental, en el 2019 ingresó al país un total de US$ 212,9 millones, de los cuales el 85% provino de EEUU, Canadá, España, Suiza y Alemania, principalmente, y por cooperación oficial multilateral, del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el BID y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que representó el 57% de dicha cooperación.
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Otro 32% correspondió a cooperación de la FAO, el Banco Mundial, agencias de la ONU como UNFPA, ACNUR, PNUD, FIDA, UNICEF, y la Corporación Andina de Fomento; y el 11% restante a otros 37 organismos multilaterales.
¿El Congreso busca supervisar o pretende impedir todas estas actividades, que representan la mayor parte de la cooperación que ingresa al país? ¿O hay otros fines no declarados tras su dictamen?
