El anuncio por parte del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de que a partir de noviembre de 2028 no habrá pisos turísticos en la capital catalana ha generado un alud de preguntas sobre sus efectos, su ámbito y momento de aplicación y las consecuencias para los que tienen una vivienda con este tipo de licencia. Resolvemos las principales dudas.
El alcalde, Jaume Collboni, ha anunciado su intención de que a partir de noviembre de 2028 no haya pisos turísticos en la ciudad.
Son actualmente 10.101 inmuebles los que tienen la licencia para operar de esta manera. Se desconoce cuántos pisos turísticos ilegales operan en la ciudad (ha habido 9.700 órdenes de cese de actividad ilegal de estos inmuebles desde 2016, pero el Ayuntamiento admite que todavía hay operativos cientos de pisos turísticos sin licencia).
Es cuando se cumplirán cinco años de la aprobación del decreto ley de la Generalitat que regula los pisos turísticos y prevé un régimen transitorio de un lustro. Los actuales inmuebles de este tipo perderán la licencia porque el Ayuntamiento de Barcelona no impulsará ningún planeamiento urbanístico que los ampare, tal y como requiere la normativa autonómica. Antes de que el Govern aprobara este decreto, las licencias eran a perpetuidad.
No. El actual mandato de Collboni acaba en mayo de 2027, con lo que que deberá ser el próximo alcalde (o el propio Collboni en caso de ser reelegido) quién deberá culminar la decisión de no permitir más pisos turísticos en la ciudad.
La intención del Ayuntamiento también es eliminar del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) el concepto de la Vivienda de Uso Turístico (VUT), en una modificación de la norma que abordarán a partir de enero de 2025.
“Cualquier voluntad de querer seguir prestando este servicio debe ir sujeta a una licencia que aquí, en Barcelona, no se podrá pedir, porque no existirá la figura”, ha remarcado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet.
Para modificar el PEUAT, Collboni necesitará llegar a acuerdos con otros partidos. El PSC cuenta con el previsible apoyo de ERC pero le hará falta también el de Junts o el de los Comuns. Ambas formaciones se han mostrado críticas, por distintos motivos, con el anuncio de este viernes.
La normativa actual, aprobadas al inicio del primer mandato de Ada Colau como alcaldesa, establece que no se pueden aumentar los pisos turísticos actuales. En caso de que una vivienda de uso turístico de alguna de las zonas tensionadas pase a un uso residencial, entonces sí se puede solicitar una nueva alta.
El decreto ley de la Generalitat sobre pisos turísticos establece que, en municipios con problemas de acceso a la vivienda y/o que cuenten con más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes, sólo se permitirán apartamentos con este uso si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico. En este caso, la intención del Ayuntamiento barcelonés es no impulsar ningún planeamiento que los regule y por tanto las viviendas de uso turístico de la ciudad quedarían fuera de normativa.
Los más de 10.000 pisos turísticos que actualmente hay en Barcelona pasarían a tener un uso residencial. Es decir, podrían venderse o alquilarse como cualquier otro piso, incluido el alquiler de temporada.
La normativa de la Generalitat contempla que se pueda solicitar una única prórroga de cinco años adicionales en caso de que se pueda acreditar que el margen de cinco años concedido por el Govern no es suficiente para evitar las pérdidas derivadas de la obtención de la correspondiente licencia turística.
Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que, contra la decisión del Ayuntamiento de no impulsar un planeamiento que regule los pisos de uso turístico, apenas hay recorrido legal. “Uno no puede irle a un juez a exigirle que el Consistorio debe regular los apartamentos turísticos”, apunta un experto.
Ante lo que sí se podrían presentar recursos legales, explican las mismas fuentes, sería contra la anunciada modificación del PEUAT con la que pretenden eliminar el concepto de Vivienda de Uso Turístico.
Por otro lado, el decreto ley de la Generalitat que ampara la decisión del consistorio barcelonés ya fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional y admitido a trámite en febrero de 2024. El recurso de los populares considera que la normativa invade competencias estatales y afecta al derecho de propiedad.
Sí, en Catalunya sí. Siempre y cuando se den las características mencionadas (municipios con problemas de acceso a la vivienda y/o que cuenten con más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes) y en todo caso dependerá del Ayuntamiento de cada municipio.
