El canciller Javier González-Olaechea cuestionó al embajador de Canadá en Perú, Louis Marcotte, sobre el comunicado que suscribió su país con relación al dictamen que fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y que podría interferir en los trabajos que desarrollan las ONG en el territorio nacional. En palabras del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, pronunciarse sobre una propuesta legislativa que aún no es ley "no ha sido oportuno".
"Aquí hay congresistas, señor embajador, y para que seamos amigos de verdad, hay que decir las cosas con todo respeto. (...) Yo no le indicaría a mi embajador en Italia que se pronuncie respecto a lo que proponga el congreso italiano. La diplomacia es el arte de hablar y, a veces, de callar", expresó el Canciller durante la celebración por los 80 años de relaciones entre Canadá y Perú.
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Además, González-Olaechea cuestionó directamente a Marcotte señalando que existe una propuesta legislativa en Canadá similar a la que pretende aprobar el Congreso de la República del Perú: "Yo no podría creer que en un país hubiera un proyecto similar, que buscara contrarrestar la interferencia extranjera que pone en peligro la democracia y los valores. Permítame decirle que en su país existe un proyecto de ley que busca exactamente lo mismo", agregó.
Finalmente, en la celebración que contó con la presencia de parlamentarios, empresarios y otras autoridades gubernamentales, el canciller se pronunció sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, por la que dijo que "ni fue tan verás ni reconcilió a muchos", para referirse y compararla con la misma entidad canadiense respecto a un informe emitido hace unos años sobre los pueblos indígenas de Canadá: "Yo deseo que esta vocación por la verdad tenga el éxito que el Perú no pudo lograr en esta comisión que responde a un informe de hace dos años y que habla de unas cifras que yo no puedo creer", suscribió.
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El pronunciamiento al que hizo referencia el canciller González-Olaechea fue el que realizaron 16 embajadas y delegaciones (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea) mostrando su preocupación por la aprobación de un dictamen en el Congreso de la República que busca modificar la Ley 27692, lo que podría perjudicar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país .
Dicha modificación va directamente contra la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (ACPI), una entidad adjunta al Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya función principal es captar toda la Cooperación Internacional dirigida al Estado Peruano para orientarla de manera efectiva dentro del país.
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La ACPI juega un papel crucial en la gestión y coordinación de los recursos provenientes de la cooperación internacional, asegurando que se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población peruana. Por ello, su modificación limitaría el trabajo de las ONG y "restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”, según el comunicado de las 16 embajadas .
