La Fiscalía especial alude a que hay más fondos e intereses nacionales afectados que europeos en la supuesta trama de 'mordidas'
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez que instruye el "caso Koldo" en la Audiencia Nacional que se dirija al Tribunal Supremo para que evite que la totalidad de la causa judicial sea asumida por la Fiscalía Europea.
Este parte del Ministerio Público insta así al magistrado Ismael Moreno a actuar para que el órgano comunitario solo investigue si hubo un delito contra los intereses financieros de la UE en los contratos de las mascarillas de administraciones españolas con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, en los que hubo supuestamente de por medio comisiones ilegales pagadas con fondos europeos.
Sin embargo, puntualizan, no existen hoy en día indicios de que se hayan visto perjudicados los intereses de la Unión en los hechos bajo sospecha en los que han visto presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En el escrito remitido al juez Moreno recogido por EP, Anticorrupción le solicita directamente que haga valer "la competencia respecto a los hechos y delitos investigados" en el procedimiento que instruye, "incluidos los contratos adjudicados" por los Gobierno insulares de los socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
De igual forma, le apunta al juez la necesidad de remitir testimonio de las actuaciones que se realicen a la Fiscalía Europea y que se plantee una cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para dilucidar quién tiene que asumir finalmente la causa por el presunto escándalo de 'mordidas' en la compra de mascarillas en el que el antiguo asesor de Ábalos en Transportes, Koldo García, tendría un papel central.
La argumentación que despliega el Ministerio Público se centra en que hay una mayor afectación a los intereses de España que los intereses financieros de la Unión Europea dado que, defiende, la cuantía de fondos nacionales afectados es casi tres veces superior a los comunitarios.
También, señala, porque la trama supuestamente comprometió el normal funcionamiento de la Administracion estatal y varias autonómicas al estar implicados de momento Transportes en la época de Ábalos como ministro y entidades públicas dependientes de este como Puertos del Estado o Adif, así como agentes de la Guardia Civil.
En ese sentido, rechaza la Fiscalía especial que este caso no se pueda trocear judicialmente y en la Audiencia Nacional, defiende, la investigación es mucho más voluminosa, compleja y alcanza delitos ajenos a la competencia de la Fiscalía Europea.
El pronunciamiento de la parte del Ministerio Público dedicada a luchar contra la corrupción pública tiene lugar como reacción a la propia decisión de la Europea de asumir la investigación del "caso Koldo" en todas sus vertientes.
