José Félix, un anciano de 91 años de la localidad valenciana de Cullera , murió el 30 de agosto de 2023 por una insuficiencia cardíaca . La familia del fallecido había contratado a finales de junio, gracias a la mediación del cura de su parroquia habitual, a una cuidadora para que el enfermo estuviera mejor atendido en su casa las 24 horas del día. Tres semanas después, esta mujer de 62 años ya se había convertido en la heredera universal de José Félix, con poderes para operar sus cuentas bancarias -con alrededor de 33.000 euros- y una escritura de cesión de la vivienda, valorada en 80.000. La Guardia Civil sospecha que mintió en la notaría al asegurar que llevaba años trabajando para el hombre. El cambio en el testamento también benefició a la parroquia de San Antonio Abad, la del citado sacerdote de 59 años, pues se incluyó una donación de 6.000 euros , así como de muebles y otros enseres. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca investiga este presunto desvío del patrimonio del anciano y si ambos cerraron un plan para aprovecharse de él. La cuidadora y el cura fueron citados este jueves para declarar como investigados por presuntos delitos de homicidio y extorsión , pero se negaron a dar su versión de los hechos ante la juez, según ha confirmado ABC. No obstante, las pesquisas llevan más de medio año en marcha, pues la causa judicial se abrió a finales de 2023, a raíz de la denuncia que había presentado meses antes un sobrino segundo del fallecido. Juan José Pinto descubrió semanas después de la defunción de su tío que había desaparecido del testamento, en favor de la cuidadora, pese a que inicialmente él era el heredero. Aunque las sospechas comenzaron el mismo día del funeral. El cuerpo de José Félix fue incinerado , sin realizarle la autopsia, pese a que quería ser enterrado en un nicho junto a su esposa. La mujer que le había acompañado en sus últimos días se encargó de abonar los gastos de incineración que no cubría la póliza del seguro de decesos que tenía contratado. Tampoco hubo misa, pese a que era un hombre religioso: el párroco realizó un pequeño responso en el tanatorio, según cuenta Juan José, que acusa a la cuidadora de aislar a su tío de la familia. La Guardia Civil investiga si al anciano se le estaban administrando altas dosis de medicamentos que pudieran mermar sus facultades con episodios de alucinaciones y sedación . La trabajadora adquirió 100 comprimidos de Orfidal, 50 de Lorazepan o 150 de Valium, entre otros, en los dos meses anteriores a su muerte, según indican los investigadores en un informe que obra en la causa. De momento, la juez ha impuesto a ambos investigados medidas cautelares consistentes en la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días. Mientras, continuará tomando declaración a los testigos. «El único elemento que vincula al sacerdote con estos hechos que se están investigando es que es la persona que propone a la cuidadora» tras pedirle consejo la familia del fallecido, defiende el abogado del párroco en declaraciones a À Punt. Una mujer a la que únicamente conocía de más de dos décadas antes porque eran del mismo municipio y había acudido a Cáritas en busca de trabajo. Además, asegura que el cura siempre se negó a aceptar la cantidad económica legada y renuncia a ella.
