El juzgado de lo contencioso-administrativo número 24 de Madrid ha emitido un auto por el que avala la construcción del centro de menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña, en Fuenlabrada, frente a la orden de paralización y precinto de las obras que emitió el Ayuntamiento de la localidad. Estima en su escrito el juez que el interés general de la Comunidad prima en este caso, frente al del municipio, por el «contexto de presión migratoria en alza y de recursos desbordados». Y concluye que pueden continuar las obras. En el auto, al que tuvo acceso ABC, se señala que el juez ha ponderado los dos tipos de intereses generales en conflicto, el regional y el municipal, y considera que deben entenderse como «prevalentes» los de la Comunidad de Madrid, «que se identifican con la puesta en marcha de un centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados en un contexto de presión migratoria en alza y de recursos desbordados, sobre los del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se identifican con la preservación de la normativa urbanística municipal». El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, ha estado desde que se anunció este proyecto en contra del mismo, porque considera que no fueron consultados ni informados sobre el asunto por la Comunidad, porque se va a instalar el centro sobre un edificio cedido por el Ayuntamiento a la Comunidad para usos diferentes de los que ahora se quieren dar allí, y porque le parece un macrocentro que no reune las condiciones adecuadas para la atención a estos menores inmigrantes. Propone en su lugar una reunión de la Federación Madrileña de Municipios para repartir a estos menores por distintos municipios de la región. Y mientras, emitió un decreto de suspensión de las obras con paralización inmediata de las mismas. Llegó a enviar a la Policía Local a precintar el espacio. En ese momento, el Gobierno regional solicitó al juez la medida cautelarísima de levantamiento del precinto, cosa que le concedió. Y ahora, en el auto entra al fondo del debate entre ambas administraciones, señalando que «la suspensión del decreto de paralización y precintado de las obras no causa perjuicio para el interés general» porque «en el edificio sito en el Cerro de La Cantueña no se lleva a cabo actividad alguna desde hace décadas, presentando un estado de deterioro global que en este momento impide que pueda ser utilizado para cualquier fin». Añade además el auto que «no existe ningún uso público del espacio que se pueda ver comprometido por el acometimiento de las obras. Por el contrario, la continuidad de las obras se juzga beneficiosa para el interés general, dado que permitirá proporcionar asistencia básica vital a unos menores en situación de desamparo material». Además, «en el hipotético caso de que se determine que la propiedad del espacio debe revertir al Ayuntamiento de Fuenlabrada», cuando se vea el recurso de reversión de la concesión que ha puesto en marcha el Ayuntamiento fuenlabreño, «éste recibiría un inmueble remodelado y en condiciones de utilización considerablemente mejores que las que ahora presenta». En su conclusión, la Justicia señala que «acreditado el riesgo de que la ejecución del acto recurrido pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso por las razones de urgencia de la construcción, que se consideran justificadas; existiendo posibles perjuicios de muy difícil reparación representados en la desprotección de los menores que puedan llegar a la Comunidad de Madrid en los próximos meses dentro de un contexto de intensificación de presión migratoria y falta de recursos; y no concurriendo elementos por los que quepa apreciar que la continuidad de la construcción represente un peligro para el interés general, dado el estado actual de deterioro y desuso del edificio y la inicial cobertura urbanística con que cuenta en este momento, el interés del Ayuntamiento de Fuenlabrada en ejecutar la paralización de aquellas obras debe ceder en favor del interés de la Comunidad en su continuación».
