La polémica resolución del Tribunal Constitucional (TC), adoptada con cuatro votos particulares, sobre la lectura del delito de prevaricación en el caso ERE no supone por ahora la modificación de las penas dictadas en su día. Lo que ha promovido el TC es una vuelta al punto de partida, ya que la sentencia vuelve ahora a la Audiencia de Sevilla, que tendrá que reformularla de acuerdo a la doctrina dictada por los magistrados. ¿Cómo influirá la aceptación del recurso interpuesto por Magdalena Álvarez, la exconsejera de Hacienda y exministra, en las nuevas penas que establecerá la Audiencia? No se modificarán las relativas al delito de malversación, que es el que ha conllevado penas de prisión para parte de los acusados,...
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