Satnam Singh estaba trabajando este lunes como llevaba tiempo haciendo, sin contrato y sin ninguna garantía. Por la tarde, mientras faenaba en un invernadero de Borgo Santa María, en la provincia de Latina, en el centro de Italia, quedó enganchado a una máquina para envolver el plástico que le aplastó las piernas y le amputó un brazo. Su patrón no le llevó al hospital, ni llamó a una ambulancia. Cogió al jornalero, lo subió a su furgoneta y, tras un trayecto de unos kilómetros, lo dejó tirado frente a su casa, con el brazo amputado en un cajón de los que tantas veces Singh había usado para recoger la fruta. La agonía de Singh acabó dos días después en un hospital de Roma donde este ciudadano indio de 31 años murió el miércoles.
Su muerte, denunciada por la Cgil, el principal sindicato italiano, ha conmocionado al país y ha vuelto a poner los focos sobre la explotación laboral de los temporeros en el sector de la agricultura y el llamado “caporalato”, el sistema de reclutamiento de mano de obra barata a través de capataces que seleccionan a migrantes a menudo en situación irregular y de extrema vulnerabilidad. Un fenómeno muy extendido en todo el país y especialmente en las regiones del sur donde, según un reciente informe de la Cgil, el porcentaje de trabajadores empleados de forma irregular alcanza el 40%.
Fue otro trabajador que había presenciado el accidente quien pidió ayuda y llamó al sindicato. Singh, que mientras tanto se desangraba ante los ojos de su mujer que también trabajaba en situación irregular en la misma empresa, fue luego trasladado en helicóptero al Hospital San Camillo de Roma donde finalmente falleció. La fiscalía de Latina abrió diligencias y el titular de la empresa agrícola, Antonello Lovato, ya acusado de lesiones y omisión de socorro, se enfrenta a una acusación de homicidio involuntario. Mientras causaron polémica las declaraciones de su padre, entrevistado por el telediario de Rai1, la televisión pública de Italia, quien ha atribuido el accidente a una imprudencia del trabajador.
“La situación en Latina es emblemática porque habla no sólo de explotación sino también de la actitud criminal de los empresarios que tratan la vida de la gente como si no valiera nada. También hay un problema con la cultura empresarial en este país y con el empresariado agrícola”, comenta Fabio Ciconte, director de la organización Terra!, que desde hace años investiga y denuncia la explotación laboral y las disfunciones de la cadena de producción en el sector agrícola.
Italia aprobó en 2016 una ley que reconocía el caporalato como delito y endurecía las condenas para los casos de explotación laboral. Organizaciones del tercer sector y sindicatos aplaudieron en su momento la aprobación de la norma, pero, ocho años después, reconocen que a pesar de que sirvió para endurecer la represión, no se ha avanzado en la prevención. “Además desde la toma de posesión del nuevo Gobierno [de Giorgia Meloni], está parada la mesa sobre el 'caporalato', que estaba prevista por la ley y preveía reuniones y debate entre las distintas entidades, sindicatos, asociaciones empresariales, tercer sector. Y esto pesa mucho. Porque la cuestión se ha convertido en algo de lo que ya no se habla”, añade Ciconte, quien también critica al actual ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, quien esperó 48 horas antes de pronunciarse sobre la muerte de Singh. “El gobierno de Meloni está a la vanguardia en todos los frentes para contrarrestar todas las formas de explotación laboral”, dijo este jueves el ministro.
“El trabajador fallecido no sólo estaba gravemente explotado, sino que además trabajaba ilegalmente. No fue víctima de un capataz, sino de un jefe que lo contrató y empleó directamente. El sistema está organizado para determinar formas graves y generalizadas de explotación laboral. Es un sistema complejo en el que las personas, especialmente los inmigrantes pobres destinados a trabajos manuales, como el de jornalero, o trabajan a las órdenes de un patrón o mueren de hambre, y a veces trabajar a las órdenes de un patrón significa morir de explotación”, dice a elDiario.es Marco Omizzolo, sociólogo del instituto Eurispes, quien sufrió amenazas por sus trabajos sobre la explotación de los temporeros indios en la zona de Latina, que desembocaron en detenciones y condenas de empresarios y capataces.
Para Omizzolo, la ley sobre el caporalato “allí donde se ha aplicado, ha permitido descubrir grandes actividades de explotación, detener a capataces y empresarios, poner bajo administración judicial a empresas, no sólo agrícolas”. “Desde el punto de vista represivo ha funcionado pero no desde el punto de vista preventivo, porque esto implicaría una reorganización del sistema y meter manos a las leyes que rigen la gestión de la inmigración y cambiar el sistema de acogida y bienestar”, añade.
La comunidad india de Latina empezó a crecer a partir de los años 80, con los primeros inmigrantes, en su mayoría sijs, procedentes sobre todo del Punjab. Según los datos oficiales, hay en la provincia unos 9.000 trabajadores indios pero se estima que sean al menos el doble. El sociólogo ya en 2010 se encontró con jóvenes indios que trabajaban por 50 céntimos la hora. La situación sigue siendo dramática, asegura, con empleadores que “pagan a los trabajadores 3 euros la hora, como le pasaba a Singh, cuando el contrato colectivo prevé 9; les obligan a trabajar de sol a sol cuando sólo deberían ser 6 horas; a hacerlo sin dispositivos de seguridad o bajo el sol en agosto sin descanso”. Omizzolo participará el sábado a la manifestación convocada frente a la delegación del Gobierno de Latina por el sindicato Cgil, quien ha convocado una huelga del sector para el mismo día.
“Hay una cuestión que no es sólo de derecho laboral, sino de derechos humanos y que, por tanto, cuestiona la naturaleza de nuestra democracia”, concluye.
