Fin de trayecto para la organización que durante 48 años ha exaltado y enaltecido al dictador fascista que gobernó España de 1939 a 1975. El Gobierno ha iniciado la disolución de la fundación Francisco Franco que, además de loar el régimen dictatorial, se ha dedicado a combatir la exhumación de Franco, mejorar la imagen pública de la ultraderecha de Vox y torpedear la aplicación de la ley de Memoria en España.
“La exaltación de la dictadura carece del interés general” por el que la Constitución reconoce el derecho de fundación, ha recordado en varias ocasiones el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para argumentar el plan de extinción. Por el camino, un rastro de batallas a favor de la figura de Francisco Franco Bahamonde.
La ley de Memoria Histórica estableció en 2007 que las administraciones debían retirar “escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura”. Sin embargo, el ritmo de cumplimiento ha sido tan lento que en 2022 había más de 5.000 vestigios todavía exhibiéndose. La Fundación ha sido uno de los agentes más activos para impedir la retirada de estos homenajes, sobre todo en los callejeros de las ciudades.
Entre sus campañas antiley de Memoria, la Fundación Francisco Franco adoptó una estrategia de pleitos masivos e indiscriminados contra cualquier modificación del callejero en la ciudad de Madrid. Trataba de torpedear el plan del Ayuntamiento, dirigido entonces por Manuela Carmena, de aplicación de la normativa a base de inundar los juzgados con recursos.
Tan evidente era el propósito que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que salir al paso y establecer que la organización no tenía legitimidad para hacerlo. “El vínculo entre los fines de la Fundación y el cambio de nombre de unas calles de la ciudad de Madrid, es tan difuso que nos debe llevar a apreciar la falta de legitimación activa de la Fundación”, afearon los magistrados. El Supremo confirmó la decisión en abril de 2023.
La organización que ensalza el franquismo también se revolvió hace un año contra la decisión de Defensa de renombrar una unidad de la Legión que pasó de llamarse Bandera comandante Franco a Bandera España en virtud de lo que exige la Ley de Memoria Democrática. En su lenguaje habitual, afirmaron que los motivos eran “sectarios”.
Con todo, la mayor batalla para la fundación comenzó en junio de 2018 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –poco después de ganar la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy (PP) de la Moncloa– anunció que pretendía llevarse los restos de Francisco Franco del entonces llamado Valle de los Caídos.
La organización dirigida por el general de Infantería de Marina retirado Juan Chicharro –firmante de sendos manifiestos de militares, uno a favor de Franco y otro sobre el deterioro de la democracia– recurrió la exhumación ante el Tribunal Supremo porque, dijeron, causaría daños irreparables a la moral, honor y dignidad“ del rey emérito Juan Carlos I. Se apoyaron en que fue él quien decidió el lugar exacto de la sepultura en Cuelgamuros.
También adujeron que debía impedirse que el Ejecutivo utilizara esta acción como “bandera estrella” para las elecciones que se celebrarían el 28 de abril de 2019.
No fue la única vía de ataque. La fundación encargó un informe arquitectónico sobre el plan de trabajo para exhumar a Francisco Franco en el que se concluía que las operaciones suponían un peligro físico para los operarios. Ese documento fue utilizado en una campaña de denuncias múltiples y coordinadas ante diversas sedes judiciales.
La estrategia era inundar de recursos los tribunales hasta que algún juez estimara sus argumentos. Finalmente, el magistrado José Yusty Basterreche ordenó paralizar la licencia urbanística que debía autorizar la exhumación basándose en ese informe. Se daba la circunstancia de que Yusty Basterreche se había pronunciado en contra de la Ley de Memoria Histórica a la que atribuía “agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil”.
También trató de que los magistrados del Supremo revocaran la decisión de que el panteón de Mingorrubio –destino final de la sepultura del dictador– pasara a ser de titularidad de la Administración General del Estado en lugar de Patrimonio Nacional. Lo llamó “burla” y “afrenta”.
Finalmente, el 24 de octubre de 2019, los restos del dictador Francisco Franco fueron trasladado de Cuelgamuros al cementerio de El Pardo.
Los estatutos de la fundación dicen que trabajan “sin que su actividad u objetivos sean de adscripción política o partidista en modo alguno”. Contrasta con la alegría que mostraba el presidente de Vox en León en 2018, Carlos Portomeñe, porque el portavoz de la fundación, Jaime Alonso, le había dicho que “está con nosotros absolutamente y que nos va ayudar, porque como a nosotros, le preocupa lo de la financiación y lo tiene muy claro”.
Además de ese episodio, la Fundación Francisco Franco maniobró con empresarios amigos para mejorar el tratamiento de Vox en los medios de comunicación. El mismo Portomeñe informaba de que los franquistas habían aceptado hablar con el empresario de medios José Luis Ulibarri “para que el tratamiento nuestro sea como merecemos”. Según las conversaciones grabadas del político de ultraderecha, el portavoz de la fundación le dijo: “Eso déjalo de mi mano”.
