Quieren convertir el mayor desfalco administrativo de la democracia en la mayor cacería política y mediática de la democracia. Son las palabras exactas con las que Magdalena Álvarez ha definido el largo proceso de catorce años en los que se denunció, se investigó y se enjuició el reparto discrecional desde la Consejería de Empleo de 680 millones de euros en concepto de ayudas para el empleo. Lo grave no es que lo diga la exministra de Zapatero, a quien le ampara el atenuante de euforia por la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional del delito de prevaricación, sino que es la idea que expuso el presidente del Gobierno en el mitin de Benalmádena. Pedro Sánchez saludó a Álvarez afirmando...
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