Pedro Sánchez también depende de Puigdemont… para evitar tener que devolver 2.000 millones a Bruselas de los fondos europeos. El Gobierno necesita el apoyo en el Congreso de sus socios de investidura, incluida la abstención de Junts, para la convalidación del decreto de la reforma del subsidio por desempleo.
Europa dio luz verde, solo cuatro días después de las elecciones del 9-J, a la solicitud formulada por el Gobierno de Pedro Sánchez para recibir el cuarto pago de los fondos de la UE, lo que supone la llegada a España de 10.000 millones de euros en subvenciones.
Hace tres meses, hasta el 20% del total del cuarto desembolso, casi 2.000 millones de euros, se encontraba completamente en el aire.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no había sido capaz de sacar adelante la reforma de la protección por desempleo, después de que una primera versión de la norma fuera tumbada en el Congreso el pasado mes de enero por el voto en contra de Podemos.
Esta legislación finalmente ha sido aceptada, a pesar de que por ahora el Gobierno sólo la ha aprobado vía real decreto-ley (y sin el apoyo de la patronal) en Consejo de Ministros, y de que aún no ha sido convalidada en el Parlamento, donde necesita contar con el voto de sus socios.
El respaldo de Podemos parece ahora garantizado, ya que la norma finalmente mantuvo la sobrecotización a la Seguridad Social del 125% para el subsidio de desempleo de los mayores de 52 años (su requisito imprescindible).
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a La Moncloa, la votación de Junts en el Congreso a la reforma del subsidio de desempleo que ha negociado el Gobierno con los sindicatos a espaldas de los empresarios es ahora el principal temor del Gobierno, una vez superado el escollo de Podemos.
La formación de Carles Puigdemont es un socio que se considera imprevisible, ahora además en un escenario de pugna con ERC por las negociaciones para la investidura en Cataluña.
Si no logra sacar adelante el Real Decreto-ley, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno que España tendrá que devolver parte de los 10.000 millones de euros del cuarto pago de fondos europeos. En concreto, unos 2.000 millones.
Por el momento, según las fuentes consultadas por ECD, Junts ha advertido a miembros del Ejecutivo de que votará en contra del decreto como “represalia” por las concesiones del Gobierno a ERC, como aprobar una “financiación singular” para Cataluña, a cambio de facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) como presidente de la Generalitat.
El Ministerio de Trabajo ya llevó al Congreso un Real Decreto-ley que contenía la reforma del subsidio el pasado mes de enero, pero decayó por los votos en contra de Podemos.
Hay que recordar también que los otros dos Reales Decretos-leyes ómnibus y anticrisis se aprobaron in extremis por la abstención en el último minuto de Junts a cambio de una batería de cesiones, que incluían la cesión a Cataluña del control total de las políticas de inmigración.
El cuarto pago de fondos europeos acumula alrededor de un año de retraso, pues el calendario marcaba que el Gobierno debía pedirlo en el primer semestre de 2023 y no lo hizo hasta diciembre, a lo que se sumó luego el imprevisto con el fracaso de la reforma del paro.
Por el momento, España ha recibido poco más de 38.000 millones de los fondos europeos Next Generation EU, para la recuperación tras la pandemia.
Es poco más de un 20% de los 163.000 millones que tiene asignados en forma de subvenciones y préstamos. El problema, advierten técnicos del Ejecutivo, es que sólo tiene hasta mediados de 2026 para pedir el resto, siempre y cuando haya cumplido todos los compromisos también pactados para los siguientes desembolsos.
