El Ejecutivo se lleva críticas de PP, Esquerra o Podemos por colar en una ley de igualdad una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitar competencias a la Cámara Alta
La ley de paridad, que ha incluido una enmienda para quitar poder al Senado y evitar que la Cámara Alta controlada por el PP pueda impedir la aprobación de los Presupuestos, ha superado la fase de Dictamen (Comisión) y la semana que viene irá al Pleno del Congreso para ser debatida y votada. Ese será ya el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva porque luego quedará el trámite del Senado y la votación final en el Congreso, prevista para finales de julio. Todo ello si no hay sorpresas, aunque la norma, impulsada por el Gobierno, parece tener ya los apoyos suficientes atados gracias al bloque de la investidura y, por tanto, va a salir adelante.
Podemos era el único partido del bloque de la investidura que había mostrado dudas porque los morados consideraban que el proyecto de ley era poco ambicioso, pero tras arrancar una cesión del Gobierno van a apoyar el texto: en concreto, la norma para la representación paritaria impedía que hubiera más de un 60% de hombres o mujeres en los órganos decisorios de la vida política y económica (partidos, instituciones, empresas...). Sin embargo, Podemos ha pactado una enmienda para que las mujeres no tengan límite y puedan superar el umbral del 60%: en cambio, los hombres se tendrán que ceñir al límite del 60%.
No obstante, la propia portavoz de Podemos ha criticado que se use esta ley para incluir la supresión de competencias al Senado. "No es bonito", ha señalado Ione Belarra, quien ha acusado al Gobierno de hacer un "ejercicio de filibusterismo" porque "no gobierna".
En concreto, de las 110 enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios a la ley de paridad, ha habido una que está rodeada de polémica: es la 96, que busca suprimir la capacidad del Senado para vetar los objetivos de deuda y de déficit, una competencia que tiene la Cámara Alta y que puede impedir la aprobación de los Presupuestos. Si no se aprueban esos objetivos de estabilidad presupuestaria, según marca la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, no se pueden tramitar las Cuentas.
Y eso es lo que ocurrió el año pasado ya que el Senado, con mayoría absoluta del PP, tumbó los objetivos de deuda y de déficit y dejó al Gobierno sin margen para presentar los Presupuestos. Ahora, Moncloa quiere evitar nuevamente ese escenario. No obstante, lo ha hecho con una maniobra que ha sido muy criticada tanto por los socios del Gobierno como por los propios letrados: en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que publicó LA RAZÓN, se advertía de que ese movimiento puede ser inconstitucional porque la ley de paridad y la Ley de Estabilidad Presupuestaria "no guardan coherencia". De hecho, ya ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre esta materia y el PP podría recurrir para que el Tribunal de Garantías lo tumbe.
Pese a todo, el PSOE ha decidido seguir adelante y eso le ha costado las críticas de Podemos o de Esquerra. También del PP, que finalmente ha votado en contra pese a que el contenido de la ley de paridad es una transposición de una directiva impulsada por el propio PP europeo, tal y como han defendido los populares. No obstante, la mezcla de la ley de paridad con los Presupuestos ha hecho que el PP haya votado en contra ya que el partido de Alberto Núñez Feijóo considera que se hace una "indecente instrumentalización del feminismo".
La votación del informe de la fase de la Ponencia ha concitado el apoyo de 20 diputados y el voto en contra de 17. Tras la fase de Comisión, llega la semana que viene el debate y votación en el Pleno del Congreso y, después, el Senado tendrá 20 días para retocar la norma. Tras los cambios del Senado, la norma regresará al Congreso para recibir el plácet definitivo y entrar en vigor.
Teniendo la ley lista en julio, el Gobierno puede llegar a septiembre con los objetivos de déficit y deuda aprobados y, después, presentar los Presupuestos para iniciar la tramitación en octubre, tal y como marca la Constitución.
