Alejandro Sánchez Sánchez, amigo cercano del expresidente Pedro Castillo, abordó un vuelo que lo trae de regreso al Perú. Según informaciones, estaría en un vuelo chárter alquilado por la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos junto con 134 peruanos repatriados. El dueño de la casa de Sarratea llegará al territorio nacional desde Texas directamente a la Base Aérea de la FAP del Grupo aéreo número 8 en el Callao.
La Fiscalía le imputa a Sánchez Sánchez los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, principalmente. Sin embargo, cuando se dictó la detención preliminar en su contra, el amigo cercano a Pedro Castillo fugó del país con rumbo desconocido. Ante ello, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Penal de la Corte Superior de Justicia solicitó su ubicación, captura y retorno al país.
No obstante, en setiembre del año pasado, fue interceptado por las autoridades estadounidenses en un intento de cruzar la frontera de forma ilegal desde México a Estados Unidos. Pese a que Alejandro Sánchez solicitó asilo político a las autoridades norteamericanas, estas se lo negaron. Retornando actualmente como deportado al Perú y enfrentará un pedido de 30 meses de prisión preventiva en su contra.
Alejandro Sánchez es acusado principalmente por el presunto delito de tráfico de influencias al financiar y pertenecer a una red criminal que tendría como líderes al exmandatario Pedro Castillo junto a Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Además, el también empresario nacido en Chota, Cajamarca, es investigado por su empresa SJ Biomedic SAC desde el 2022 por el presunto delito de lavado de activos.
La vivienda de Alejandro Sánchez, ubicada en el distrito limeño de Breña, fue utilizada por el expresidente Pedro Castillo con el fin de reunirse como mandatario con funcionarios, empresarios y familiares al inicio de su gestión. A raíz de estas reuniones, la Comisión de Fiscalización investigó al expresidente por vulnerar los principios de transparencia como máxima autoridad del Estado. Debido a ello, la tesis fiscal indicó que Sánchez no solo era amigo de Castillo, sino que también había financiado su campaña electoral.
