Cuando parecía que el horizonte judicial de Mónica Oltra se despejaba, se ha enredado todavía más. La orden de la Audiencia de Valencia de reabrir la causa que se sigue contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y otros quince investigados es un nuevo giro a un largo proceso que tiene su origen en diciembre de 2021 , precisamente, en una decisión del mismo órgano provincial. Contrarios al criterio del juez y del fiscal de Instrucción número 15, que apoyan el archivo de las diligencias, los magistrados de la Sección Cuarta creen que existen suficientes indicios de que todos ellos trataron de ocultar los abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís -educador en un centro de acogida- a una menor tutelada de 14 años. Todo apunta a que se abrirá juicio oral contra la propia Oltra, parte de su equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y dos trabajadoras de la residencia concertada en el que ocurrieron los hechos entre 2016 y 2017. La Audiencia utiliza, además, el mismo argumento que deslizó en la primera sentencia condenatoria -el juicio se tuvo que repetir parcialmente con el mismo resultado- contra Luis Ramírez Icardi, que cumple actualmente una pena de cinco años de cárcel tras ratificar el fallo el Tribunal Supremo. Ese pronunciamiento de 2019 apuntaba al desamparo que la víctima había sufrido , tras relatar lo ocurrido, por parte de quienes estaban obligados a protegerla. Además, cargaba contra el polémico expediente que se había abierto en el seno de la Conselleria cuando el asunto ya estaba judicializado, calificándolo como una «instrucción 'paralela'». El TSJ valenciano también reprochó en 2021 la actitud de la Generalitat. Con ello, la víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, llevó esa presunta desprotección a los tribunales. Su denuncia se sumó a una querella presentada contra Oltra por la exdirigente de Vox Cristina Seguí y dio pie a la causa actual, en la que la formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular. Aunque inicialmente el instructor abogó por esperar a que el Supremo se pronunciara sobre la sentencia contra Icardi, la Audiencia dictaminó que se trataba de casos que podían tramitarse en paralelo. El relato de los hechos se remonta a 2017 , momento en el que Oltra ya era la máxima responsable de la política de menores en la Comunidad Valenciana, tras acceder dos años antes al poder junto al PSPV de Ximo Puig, y todavía estaba casada con Icardi. Ese vínculo ha sido siempre el hilo que cose todas las sospechas contra ella y el resto de investigados, que supuestamente se concertaron para encubrir lo ocurrido y evitar que saliera a la luz pública por las consecuencias políticas y mediáticas que ha acabado teniendo. Todos lo negaron taxativamente en sede judicial: se limitaron a seguir los protocolos vigentes sin presiones. El 20 de febrero de ese año, la menor reveló los abusos -que venía padeciendo desde meses atrás- a personas de su confianza en el centro. No dieron credibilidad a su testimonio tras elaborar un informe interno, por lo que tampoco se interpuso denuncia ni se hizo constar en el expediente que la Fiscalía tenía de la joven. En junio, la víctima recurrió a dos policías que se personaron en la residencia por otro motivo. Los agentes dieron traslado al Ministerio Público, que empezó a requerir información a la Conselleria sobre lo ocurrido. Pese a que convivía con el agresor, Mónica Oltra siempre ha defendido que conoció los abusos cuando recibió una notificación judicial en su casa el 4 de agosto . Es decir, por su condición personal y no por su cargo. Fue entonces cuando pidió a su jefe de gabinete que recabará información y asegurara la protección de la niña. Cuatro días después, con una orden de alejamiento ya dictada, Igualdad abrió un expediente informativo reservado sobre lo ocurrido, «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos». Es el punto clave del caso: quien ordenó abrir ese expediente y para qué . La Audiencia entiende que hay indicios suficientes para creer que se intentó desacreditar a la menor. Durante sus comparecencias como imputadas, tanto la directora como la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero y Gemma Plaza, negaron que Oltra hubiera dado cualquier directriz. Ambas defendieron que abrieron el procedimiento por su cuenta cuando tuvieron conocimiento de los hechos por parte de la dirección territorial, alertada por la Fiscalía. Sin embargo, y tras algunas declaraciones contradictorias de la exvicepresidenta ante los medios, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para poder investigar a la entonces aforada, por su condición de diputada autonómica. El TSJ la imputó en un proceso abierto por presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Lo devolvió al órgano original cuando, tras varias semanas de intensa presión incluso desde su propia formación, Oltra dimitió de todos sus cargos señalando a la extrema derecha como responsable de una guerra sucia en los tribunales. Casi dos años después de aquella rueda de prensa que puso punto y aparte a la carrera política de la dirigente de Compromís, el paso mes de abril, el mismo instructor decidió sobreseer la causa provisionalmente. En todo ese tiempo, las acusaciones no han dejado de solicitar la práctica de diligencias , aunque ninguna ha probado sus argumentos. La más costosa ha sido el análisis judicial de los correos electrónicos oficiales enviados entre los investigados en varios periodos importantes en el relato de los hechos. Pese a ello, la Audiencia de Valencia entiende que «no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento». En la práctica, este nuevo auto del 20 de junio, contra el que no cabe recurso, aboca a los dieciséis investigados al juicio oral.
