El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo, sin ningún voto en contra y la abstención de PP, Vox y UPN, y ha aceptado tramitar la norma como proyecto de ley. Entre sus principales medidas, el decreto contempla un aumento por tramos de la cuantía del subsidio, de modo que pasaría de 480 a 570 euros al mes durante los primeros seis meses (80% del Iprem actual); amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo. Al subsidio podrán acceder también personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familias y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado. También se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha encargado de defender el decreto desde tribuna, alegando que es una norma que «no debería haberse dilatado un minuto más su puesta en marcha», pues supone que «quien peor lo pasa» cobre 90 euros más al mes, que a su juicio supone la diferencia entre comer fruta fresca y pescado o no comerlo. «No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor», ha remachado. Pero Díaz también ha dedicado parte de su intervención a agradecer a la patronal las aportaciones que ha hecho a la reforma del subsidio por desempleo, después de que la representatividad empresarial en la mesa del diálogo social decidiera no sumarse al acuerdo entre sindicatos y Gobierno para diseñar el nuevo sistema del subsidio. Yolanda Díaz ha dado las gracias a todos los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, por estos meses «largos de trabajo». «Sus aportaciones, también las de la patronal, han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma», ha subrayado. Díaz ha destacado algunas de las contribuciones de la patronal, como la mejora de la compatibilidad de la prestación pública por desempleo, el subsidio y para también la actividad laboral, así como sus aportaciones en el nuevo diseño del subsidio por mujeres víctimas de violencia machista. La norma mantiene en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos a la misma al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Tanto BNG como Podemos, en el turno de debate, han celebrado que el Ministerio de Trabajo haya mantenido en el 125% esa base de cotización, por lo que han avanzado su voto favorable a la convalidación de la norma. En lo que respecta al PNV, Idoia Sagastizabal ha avanzado el voto favorable de su grupo por incluir la reforma la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales y sectoriales cuando los primeros garanticen mejores condiciones para las personas trabajadoras. La diputada del PSOE, Sonia López Guerra, ha subrayado que el decreto supone la culminación de una transposición de una Directiva Europea relativa a la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, lo que supondrá que el permiso de lactancia sea un derecho subjetivo y no esté condicionado a la negociación colectiva. También ha ensalzado que la norma contempla la flexibilidad horaria para los trabajadores y las trabajadoras públicas que tengan a su cargo hijos menores o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. «Así se avanza en igualdad, señorías», ha remarcado la diputada socialista. La portavoz de Trabajo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha destacado algunas medidas que incluye el decreto, como la ampliación de la protección por desempleo a más colectivos, el aumento de la cuantía del subsidio, la simplificación del sistema en los supuestos de acceso o la vinculación de la prestación a un empleo. «España va a ser un poco mejor gracias a nuestras políticas», ha subrayado. De su lado, tanto Bildu como ERC han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto porque supone una mejora para las personas que se hallan en una situación más vulnerable, y han incidido en que los subsidios son un «derecho» e «imprescindibles». A quien no ha gustado esta prelación de los convenios ha sido al PP. El diputado Ángel Ibáñez Hernando ha tachado de «inaceptable», «infumable» y un caso de 'dumping' laboral la prelación de los convenios autonómicos, pues considera que va a generar conflictividad y una inseguridad jurídica «permanente». En su intervención ha recordado que el diálogo social ha protestado contra esta medida pactada entre PSOE y PNV, que precisamente no se incluyó en la reforma laboral de 2021. «Sánchez hoy demuestra de nuevo que sigue en el Gobierno, pero no gobierna. Demuestra hoy que sigue acorralado por quienes le facilitaron la investidura y que cada día le ponen nuevos pagos para seguir en la Moncloa un tiempo más», ha reprochado. Por parte de Junts, Josep Maria Cervera ha ensalzado la disposición transitoria segunda del decreto que adaptar el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social (CES) para que la patronal catalana pueda formar parte del Consejo, al dar cabida a las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito autonómico. «Estamos ante un hito histórico», ha subrayado. Por último, Juan José Aizcorbe, de Vox, ha criticado los contenidos del decreto, pero porque dice que «se han quedado cortos en los importes y también en las medidas adicionales que animen y coadyuven realmente a salir de la situación de empleo lo antes posible». Aún así, ha asegurado que a Vox le «parece bien» la ampliación de la base de cotización de los parados de más de 52 años y también el pago de incentivos para encontrar empleo para aquellos desempleados de larga duración, pudiendo compatibilizar temporalmente el subsidio con el cobro de un salario.
