De manera interesada se ha divulgado la confusión de la justicia social con “socialismo” o “comunismo” y hasta se ha hecho creer que el gobierno haría que las viviendas rentadas se las pudieran quedar los inquilinos.
La expectativa social mayoritaria de que la 4T avanza en la construcción de un país más justo fue determinante en el triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum como virtual presidenta electa; ella enfatizó a lo largo de su campaña que el principio básico de su gobierno será que la prosperidad sea compartida “porque si no, no será”, basada en una economía sólida.
La línea ideológica de la justicia social es muy significativa para millones de mexicanos; no se hace política, ni se ejerce el poder de manera congruente sin compromiso ideológico; la promesa se simplifica, sin desvirtuar el propósito, para lograr su identificación con los anhelos sentidos de la mayoría de los mexicanos.
De la mayoría, la que no posee casa, ni coche, ni tiene un trabajo en que le paguen lo que, según el artículo 123 de la Constitución, le alcance “para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Hoy por hoy, 65 por ciento de la fuerza laboral empleada en la economía formal e informal gana dos salarios mínimos o menos; solamente el 1.3 por ciento de los 70 millones de mexicanos ocupados gana de cinco salarios mínimos para arriba.
El aumento a los salarios mínimos es una de las políticas más efectivas y poderosas que ha instrumentado la actual administración; entre diciembre de 2018 y febrero de 2024, el aumento fue de 116 por ciento real, gracias a lo cual, si en 2018 sólo cubría el 81 por ciento del costo de la canasta establecida por el Coneval como el umbral de pobreza, en 2024 alcanza para 1.67 del costo de la misma canasta, pero nada más, sigue siendo una remuneración muy pobre.
Se entiende por eso el significado que le ve la mayoría de la gente a la promesa de transformar el desarrollo para que llegue a ser compartido, aunque para cumplirla, tendrá que superar resistencias -unas ideológicas, otras de intereses- y echar mano de fuerza y voluntad política.
De manera interesada se ha divulgado la confusión de la justicia social con “socialismo” o “comunismo” y hasta se ha hecho creer que el gobierno haría que las viviendas rentadas se las pudieran quedar los inquilinos; también se descalifica a los programas sociales que hacen “flojos” a los pobres que se benefician con ellos.
Pero las resistencias a la justicia que tienen mayor trascendencia son las que se oponen a corregir desequilibrios en el ámbito laboral.
En mayo de 2019 entraron en vigor reformas a la Ley Federal del Trabajo para promover lo que fue un tabú desde la creación del PNR, antecesor del PRI, es decir, la elección democrática de los líderes sindicales.
La reforma estableció el voto libre, personal, directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales, lo que no garantiza, pero sí propicia que los trabajadores sindicalizados tengan mayor involucramiento en la vida de su sindicato y un papel mejor informado y más activo en las negociaciones de sus condiciones de contratación.
La elección democrática todavía no es garantía de que los líderes sindicales sean elegidos con transparencia; en la cultura política de los trabajadores sigue pesando el corporativismo, aunque el procedimiento de elección por voto secreto irá reduciendo la posibilidad de abusos de poder por parte de líderes sindicales y generando mayor interés de participación.
También empleadores y líderes sindicales tendrán que ir cambiando de actitud y posturas, dijo Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFRCL), que todavía hay muchas empresas que quieren “poder firmar contratos colectivos con sindicatos sin representatividad, con líderes sindicales sin legitimidad, con sindicatos membrete, con despachos de abogados que representan a diversas confederaciones y sindicatos que no tienen el menor respaldo de sus trabajadores” (Reforma, 19/06/2024).
Por supuesto que los esfuerzos de carácter político que lleve a cabo el gobierno para elevar el bienestar de la mayoría deben ir aparejados con el impulso a inversiones públicas y privadas que le impriman dinamismo y le den solidez en infraestructura y competitividad a la economía.
