La Asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en el "caso Koldo" ha instado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a que retenga la investigación de los tres contratos de la supuesta trama en torno a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, con los ministerios de Transportes -a través de Puertos del Estado y ADIF- e Interior por valor de 40,1 millones de euros por el suministro de mascarillas en marzo y abril de 2020.
En el escrito que ha remitido al instructor, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la acusación señala que la aportación de fondos europeos apenas supone un 4,2% del volumen total de los tres contratos, pues se circunscribe a los 1,6 millones aportados por las arcas comunitarias de los 12,5 adjudicados por ADIF a Soluciones de Gestión el 27 de marzo de 2020.
En consecuencia, defiende el letrado de la Asociación Liberum, Alexis Aneas afirma que "la víctima más afectada con creces fue la nación española, y no la UE" porque "los daños producidos a la víctima nacional superan con creces por muchos millones de euros el supuesto daño a los fondos europea": 1.631.132,53
euros frente a 38.548.222,50 euros.
Según argumenta, que sea un juez español el competente para investigar estos tres contratos "no genera indefensión ni vulneración a la tutela judicial efectiva a los investigados en el caso de que la Fiscalía Europea prosiga" investigando las adjudicaciones de los gobiernos balear y canario a Soluciones de Gestión cuando los presidían Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, ahora presidenta del Congreso y ministro de Política Territorial, respectivamente.
En apoyo de sus conclusiones, la acusación popular hace hincapié, respecto a esa aportación europea, en que mientras el contrato se formalizó el 27 de marzo de 2020, los fondos de la UE no se aportaron hasta tres años después, el 4 de abril de 2023, por lo que en el momento de la adjudicación, "el dinero abonado salió de la Administración estatal, sin tener certeza de que, en el futuro, se compensara parcialmente con dinero procedente de los fondos europeos".
La asociación recuerda que la querella de Anticorrupción señala que el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la "trama Koldo", transfirió 1.600.150,50 euros a una sociedad luxemburguesa, y Soluciones de Gestión desvió parte de sus ganancias a una cuenta de la entidad brasileña Banco Itaú BBA, "transferencias de dinero que merecen ser investigadas y esclarecidas" ante la posible existencia de delitos tributarios, como también "el uso de efectivo" por parte de Koldo García.
De ahí que sostenga que si la Fiscalía Europea asume, como pretende en su decreto de avocación, toda la causa "se estaría impidiendo la continuidad de las investigaciones de supuestos delitos contra la Hacienda Pública".
La acusación llama la atención sobre el hecho de que la Fiscalía Europea esgrima como motivo para asumir todo el "caso Koldo" que se encuentra en mejores condiciones para llevar a cabo la investigación "dado su carácter y magnitud transnacional" y por tener su oficina única en Luxemburgo, justo donde fue a parar una de las transferencias realizadas por Aldama.
Pero ese argumento, "la proximidad de las dependencias de esta con los hechos investigados" -se queja la acusación-, "nos llevaría al absurdo de que, de facto, no podría realizarse la inmensa mayoría de las investigaciones de corrupción o delitos semejantes" y en este caso, las adjudicaciones a la "trama" de los gobiernos balear y canario "no deberían ser investigadas por la Fiscalía Europea, sino por una más cercana".
Para la Asociación Liberum, además, el decreto de avocación por el que la Fiscalía Europea reclama el "caso Koldo" infringe el artículo 25.3 b) del Reglamento 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre de 2017 que regula el funcionamiento de la institución, que estipula que debe abstenerse de ejercer su competencia si "el perjuicio causado o que puede causar" a los intereses financieros de la Unión el delito investigado "no es mayor que el perjuicio causado o que puede causarse a otra víctima".
