España aprueba en los datos macroeconómicos. Las previsiones de crecimiento de la economía son alentadoras –más que las de la media europea y de los grandes países– y ha esquivado la apertura de un procedimiento de infracción por déficit excesivo dado que, sólo dejándose llevar y sin tomar ninguna medida, acabará este año en el umbral del 3% y bajará de ese límite en 2025. Aunque no tenga repercusiones tangibles, la lupa de la Comisión Europea llega más allá y saca los colores a sus estados miembros en cuestiones básicas del Pilar Social Europeo, como ocurre con la vivienda o las tasas de pobreza en el caso de España.
En el análisis de la situación económica de los 27 que elabora cada primavera, la Comisión Europea apunta a que la escasez de viviendas asequibles es un “reto cada vez mayor en toda la UE”, aunque reconoce que afecta de forma más severa en algunos estados miembros. El informe relativo a España revela que es uno de los países a los que pasa especial factura.
“El acceso a viviendas asequibles también sigue siendo un desafío importante, especialmente para los más vulnerables, debido a la baja proporción de viviendas de alquiler social”, señala el documento, que cifra en un tercio la oferta de España respecto a la media europea. La intención del Gobierno es destinar 1.000 millones de euros de los fondos recuperación a la construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible, pero el plan no ha dado aún sus frutos.
Los precios de la vivienda en España experimentaron un aumento interanual del 5,5% en 2022 y el crecimiento fue continuo a lo largo del siguiente año hasta llegar al 4,5%. La compra de viviendas “disminuyó significativamente” en 2023, aunque se mantiene por encima de la prepandemia, dado que el volumen de los préstamos hipotecarios ha ido perdiendo impulso por un endurecimiento de las normas crediticias. Bruselas apunta a “signos de sobrevaloración”, aunque “más contenidos” que en otros países de la UE.
El acceso a la vivienda es una de las claves para combatir la desigualdad y la pobreza, que tiene en España una de las tasas “más altas de la UE”. “Esto ha afectado en particular a los no nacionales de la UE, las personas con discapacidad, las familias monomarentales y las personas baja cualificación”, explica el informe.
Aunque Bruselas reconoce la puesta en marcha de iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la prestación por hijo a cargo, reclama al Gobierno “una acción de política social más eficaz para alcanzar el objetivo nacional de España en materia de pobreza y exclusión social para 2030”. La tasa de sinhogarismo también se ha incrementado pasando del 1,5% la pasada década al 3,4%, en 2020, según los datos del gobierno comunitario, que apunta a “peores condiciones de vida” en España.
A pesar de haber pasado lo peor de la crisis energética, la Comisión Europea hace especial hincapié en el incremento de la pobreza energética poniendo negro sobre blanco la cruda realidad de millones de familas: la proporción de la población española que no puede mantener su vivienda adecuadamente caliente aumentó del 8% en 2017 al 17,1% en 2022, duplican la media de la UE (9,3%). El último año la tasa empeoró situándose en el 20,8%.
Bruselas enuncia el principio de que “quien contamina paga” en un informe en el que anima al Gobierno a incrementar los impuestos ambientales. La recaudación de ese tipo de fiscalidad (1,5% respecto al PIB) está por debajo de la media europea, que asciende al 2%. Incrementar los actuales gravámenes o imponer nuevas tasas para incrementar esas cinco décimas supondría unos 7.300 millones de euros extra para las arcas públicas.
España se lleva algún otro tirón de orejas de la Comisión Europea, que detecta un incremento de las “vulnerabilidades” en materia energética, y específicamente en lo que tiene que ver con la 'agenda verde', a pesar de que el Gobierno es uno de los más ambiciosos en esa materia en el seno de la UE y de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aspira a hacerse con una cartera relacionada con el medio ambiente en la futura composición del gobierno comunitario. “España sigue siendo uno de los países con mayor número de víctimas mortales por fenómenos climáticos extremos”, alerta el documento.
La Comisión Europea cita entre las “principales razones” de esa mayor 'vulnerabilidad verde' “el incremento de las emisiones de CO2 en el transporte por carretera, el aumento de la huella de consumo per cápita y los retos relacionados con la escasez de agua y la gestión sostenible del agua a los que España sigue enfrentándose, también atestiguados por el elevado índice de explotación del agua”.
Entre los deberes que Bruselas le ha puesto al Gobierno en sus recomendaciones anuales está la mejora de la gestión del agua. “España también experimenta estrés hídrico y escasez de agua debido al cambio climático”, señala el informe, que da por hecho que aumentará la frecuencia y la gravedad de las sequías e inundaciones teniendo “un grave impacto en las personas, la naturaleza, las finanzas públicas y la actividad empresarial”. De hecho, también avisa de que “sector agrícola aún no está suficientemente preparado para los efectos del cambio climático”.
Las críticas también tienen que ver con los objetivos nacionales de eficiencia energética que recoge la actualización del Plan Nacional de Energía y Clima y para los que Bruselas piden “más ambición” dado que se encuentra por debajo de los requisitos de la ley europea. En cuanto al transporte, recuerda que sigue dependiendo “en gran medida” de los combustibles fósiles (el 93% del transporte de mercancías se realiza por carretera) así como manteniendo “subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”.
“Dada la magnitud del reto, hay margen para nuevas medidas que apoyen el cambio hacia modos sostenibles de transporte personal”, reclama la Comisión Europea, que cifra en el 86% las distancias que son recorridas por turismos mientras que los vehículos eléctricos sólo representan el 0,4% del parque automovilístico español.
