Legisladores brasileños promueven medidas más rigurosas, lo que provoca protestas contra propuestas sobre aborto, drogas y derechos LGBT+.
Brasilia. Iniciativas más estrictas contra el aborto y el consumo de marihuana están desafiando al gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva, ya que la mayoría conservadora del Congreso en Brasil está encadenando victorias en lo que se considera una “batalla cultural” que divide a la sociedad.
Aunque Lula derrotó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, la derecha consolidó su dominio en la Cámara de Diputados y el Senado.
El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro cuenta con 96 de los 513 diputados, convirtiéndose así en la principal fuerza en el hemiciclo. Además, los evangélicos, que pertenecen a varios partidos, ocupan 203 escaños, casi el 40% de la Cámara Baja.
En las últimas semanas, proyectos legislativos sobre valores relacionados con la familia, salud, seguridad y género avanzaron con el respaldo de votos conservadores. Recientemente, la Cámara Baja aprobó la tramitación “urgente” de un proyecto que equipara el aborto después de las 22 semanas con el homicidio, incluso en casos de violación.
La iniciativa generó una gran controversia y provocó protestas masivas en varias ciudades. Lula, quien personalmente se opone al aborto, califica la propuesta como una “locura”.
Carolina Botelho, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, explica que la discusión sobre valores antes “estaba antes muy restringida a ciertos grupos y lugares, pero desde Bolsonaro se convirtió en un asunto nacional, una bandera que los políticos se disputan y que los hace ganar elecciones”, señaló Botelho a esta agencia.
Según la politóloga, grupos “más radicales” vinculados a iglesias neopentecostales “están conquistando a grandes pasos un poder tanto financiero como político e intentan hacer valer su cultura”, añadió.
¿Cuáles son algunas de las iniciativas conservadoras que han avanzado recientemente en el país?
En Brasil, la ley de 1940 permite el aborto en casos de riesgo de vida para la mujer, violación, o malformación cerebral del feto, sin restricciones temporales para su realización.
Fuera de estas excepciones, interrumpir un embarazo puede resultar en penas de hasta cuatro años de cárcel.
La nueva propuesta legislativa busca clasificar como “homicidio simple” el aborto realizado después de la semana 22, incluso en situaciones de violación, con una pena de prisión de seis a 20 años, duplicando la máxima establecida para los violadores.
Las protestas generadas llevaron al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, a tomar la decisión de ralentizar el proceso legislativo. En lugar de llevar el proyecto directamente al pleno, anunció la creación de una comisión para “debatir ampliamente el tema durante el segundo semestre”, avisó el martes.
La aprobación de esta medida podría tener repercusiones significativas, especialmente para las menores que son víctimas de violación y a menudo no denuncian o no descubren el embarazo hasta mucho después.
Según una encuesta reciente del instituto Datafolha, el 35% de los brasileños apoya la prohibición total del aborto, sin excepciones.
En abril, el Senado brasileño aprobó un proyecto de ley que convertiría la posesión de drogas en cualquier cantidad en un delito constitucional.
Esta iniciativa, que ahora debe ser discutida en la Cámara de Diputados, representa un desafío directo al Supremo Tribunal Federal, el cual está evaluando la despenalización del cannabis para uso personal.
La organización Human Rights Watch criticó esta enmienda, argumentando que podría “impulsar operativos policiales letales en las comunidades y llena las cárceles con personas que no deberían estar tras las rejas”.
El domingo pasado, miles de personas se manifestaron en Sao Paulo en contra de esta modificación constitucional y para exigir la despenalización del consumo de marihuana.
En mayo, los legisladores brasileños aprobaron una normativa que prohíbe el uso de recursos públicos para acciones destinadas a “eliminar el concepto de familia tradicional” o “influir en niños y adolescentes, desde la guardería hasta la escuela secundaria, para que elijan opciones sexuales diferentes a su sexo biológico”.
Esta disposición, que ya está en vigor, también veta el uso de fondos públicos para cirugías de cambio de sexo en menores.
Pocos días después de la multitudinaria marcha del orgullo LGBT+ en Sao Paulo, un diputado del Partido Liberal (PL) anunció su intención de promover una ley para prohibir que menores asistan a dicha celebración.
También en mayo, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que facilita el acceso a armas de fuego y flexibiliza las normativas sobre la ubicación de clubes de tiro en Brasil.
Este texto revocó las restricciones impuestas por un decreto del presidente Lula, permitiendo la compra de pistolas de aire comprimido o de resorte y la instalación de clubes de tiro a menos de un kilómetro de instituciones educativas.
Además, el proyecto eliminó las multas por publicidad relacionada con armas de fuego, tiro deportivo y caza.
