El pasado martes 18 de junio se ratificó en el Senado la idea de legislar en torno al proyecto de ley que crea las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y que establece una serie de normas generales para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.
Normas que serían empleadas en el marco del cumplimiento de sus funciones, como también en los contextos donde las FF.AA. se encuentren trabajando en el resguardo del orden público, en la protección de recintos militares o en la seguridad pública interior.
La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 3 abstenciones, aunque ya se anticiparon algunos de los temas que serán discutidos más adelante. Entre ellos, el principio de proporcionalidad y el rol de la justicia militar.
“A mí me parece que, por lo menos lo que aprobamos en la Cámara Baja, es un buen proyecto“, señaló el diputado de la UDI Gustavo Benavente en conversación con la primera edición de Radioanálisis. Sin embargo, el parlamentario -que también es integrante de la Comisión de Constitución-, insistió en la incorporación de la justicia militar al proyecto.
“Hay un tema que hay que reponer, a mi juicio, y con el cual las RUF quedarían prácticamente perfectas. Y eso es que todos estos actos de uso de la fuerza donde intervengan policías, Carabineros o efectivos de las Fuerzas Armadas, sean juzgados por la justicia militar. Creo que ese es el tema que hay que reponer, más allá de que el Senado puede hacerle algunos ajustes”, aseguró Benavente.
Bajo su punto de vista, este sistema ejercería una garantía ante las presuntas injusticias que pueden afectar a los efectivos de las FF.AA. “En el caso del uso de la fuerza, lo que hemos visto en todo este periodo es que hay muchas situaciones donde, si no es un juez militar el que esté al frente del juicio, se producen situaciones de mucha injusticia“, argumentó el diputado.
Para eso, aludió al caso ocurrido en Curicó durante el estallido social, y donde un militar fue señalado como el autor de disparos que, finalmente, fueron hechos por un empresario agrícola. “Un juez militar de inmediato, al ver la bala, se habría dado cuenta que no es la que utilizan las FF.AA. No habría quedado en prisión preventiva, por ejemplo, ese soldado que estuvo injustamente tres meses en prisión preventiva”, aseguró.
Además, el parlamentario especificó que la propuesta de la oposición busca reponer la justicia militar “sólo en cuatro casos: primero, cuando se trate de que las Fuerzas Armadas están desplegadas en virtud de un Estado de Excepción Constitucional; segundo, cuando se trate de un acto electoral, que es cuando las Fuerzas Armadas están a cargo de los locales de votación; en tercer lugar, en el control fronterizo; y cuarto, también cuando, por esta reforma constitucional que hicimos, están llamados a proteger la infraestructura crítica”.
“Solo es la justicia militar respecto del militar. El civil que pueda estar involucrado en algún hecho sólo puede participar del juicio cuando está en calidad de víctima, nunca como victimario. Queremos reponer la justicia militar para el caso del militar, no para el civil. El civil siempre va a estar bajo el amparo de los tribunales civiles”, reiteró.
Sin embargo, cabe destacar que la oposición generada por parlamentarios oficialistas a esta indicación tiene que ver, justamente, con las situaciones de opacidad que pueden ocurrir dentro de este sistema.
“Cualquier institución que se autoregula, se autoinvestiga y se autosanciona, tiene más posibilidades de caer en arbitrariedades o situaciones sin ningún control”, señaló en esa línea la senadora del PC, Claudia Pascual.
De todas formas, y ante la posibilidad de capacitar a los fiscales para afrontar de mejor manera casos como el ocurrido en Curicó, el diputado insistió en que “más que a personas, se buscan materias especializadas. Y aquí lo que estamos queriendo es que el tema del uso de la fuerza sea una materia más especializada. Quizás también se debería enseñar en las academias judiciales el derecho militar, el Código de Justicia Militar”. Aunque sí reconoció que dicho camino “podría ser una alternativa”.
“Hay que recordar la Corte Suprema siempre será el tribunal superior jerárquico de los tribunales militares. O sea, no son un tribunal independiente como si fuera una especie de isla. Tienen un procedimiento regulado por la ley, una forma. Tienen jueces, un sistema de designación de jueces, una supervigilancia de la Corte Marcial y la última supervigilancia que es la Corte Suprema. De tal manera que aquí no hay nada oculto”, concluyó el parlamentario.
Cabe destacar que los senadores tendrán hasta el 18 de julio para presentar indicaciones al proyecto, que cumple su segundo trámite.
